Cinco leyes, seis decretos y otras cuatro normas a punto de aprobarse: el balance del primer año tras el 23J

El pasado miércoles, coincidiendo con una macrosesión plenaria en el Congreso que no trajo noticias demasiado buenas para el Gobierno, se cumplió un año desde las últimas elecciones generales. La legislatura como tal comenzó algo después, el 16 de agosto, con la constitución de las Cortes Generales. Y, en los casi 12 meses que han transcurrido desde entonces, el balance legislativo no es demasiado amplio: el Ejecutivo solo ha logrado sacar adelante cuatro leyes —cinco, si se cuenta la pequeña reforma constitucional para eliminar de la Carta Magna el término "disminuidos"— y seis decretos-ley, aunque otras cuatro normas están a semanas de ser aprobadas definitivamente.

Es de justicia mencionar que el magro desempeño legislativo de este primer año se explica, en parte, por lo extenso de las negociaciones para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno, que se alargaron durante meses. La investidura no tuvo lugar hasta el 16 de noviembre del año pasado, y fue entonces cuando el Ejecutivo comenzó a funcionar a pleno rendimiento. Esos meses de inactividad también arrastraron al Congreso, que estuvo hasta noviembre sin constituir sus comisiones legislativas —las que se ocupan, entre otras cosas, de debatir y hacer cambios en las proposiciones de ley—, lo cual supone una anomalía, puesto que el legislativo podría haber iniciado sus trabajos sin esperar a que tomara posesión el nuevo Gobierno.

En cualquier caso, tras la toma de posesión del Ejecutivo, las instituciones tomaron por fin velocidad de crucero, aunque el debate público estuvo durante meses monopolizado por apenas un solo tema: la ley de amnistía. Esa es una de las cuatro normas que el Gobierno ha logrado sacar adelante en su primer año tras las elecciones generales: lo hizo tras una larga tramitación que se extendió entre noviembre y finales del pasado mes de mayo y que no estuvo exenta de sobresaltos. Tanto fue así que llegó, incluso, a experimentar un brusco frenazo en febrero porque Junts obligó al PSOE a renegociar el texto para blindar el olvido legal de las acusaciones de terrorismo a dirigentes independentistas como el expresident Carles Puigdemont.

Las otras tres leyes que el Gobierno ha conseguido sacar adelante han sido mucho menos polémicas. La primera de ellas, la ley de enseñanzas artísticas, recibió luz verde de las Cortes el pasado mayo solo con el voto en contra de Vox, y reconoce nuevas disciplinas como la escritura creativa, el circo y el videojuego, además de regular las Enseñanzas Artísticas Superiores, sus centros o las pruebas de acceso. Este mismo martes, además, el Congreso aprobó definitivamente la ley de paridad, que obligará al Gobierno, los órganos constitucionales y las grandes empresas a contar en sus órganos de dirección con al menos un 40% de mujeres. 

La cuarta de las leyes aprobada en esta legislatura también terminó su tramitación en ese Pleno del pasado martes. El Congreso dio luz verde al Proyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que tiene un título enormemente descriptivo: servirá para poner en marcha dicho instituto y regular el funcionamiento del mismo.

Una reforma constitucional... y cuatro leyes al caer

La quinta y última ley que ha visto la luz este primer año de mandato, técnicamente, no es una ley, sino una reforma constitucional, la primera aprobada desde 2012, cuando PP y PSOE cambiaron la Ley Fundamental para establecer como prioridad absoluta el pago de la deuda. En este caso, la modificación fue mucho menos controvertida: el pasado enero, todos los grupos parlamentarios —con la única excepción de Vox— apoyaron  sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad" en el artículo 49, precisamente el que establece que "los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social" de este colectivo.

A estas cuatro leyes —cinco, contando con la reforma de la Constitución— se les unirán, en breves, otras cuatro iniciativas que se encuentran en la última fase de su tramitación: han recibido ya luz verde del Congreso y ahora tienen que pasar por el Senado, que aunque puede retrasar su puesta en marcha, no tiene la capacidad de tumbar definitivamente la mayoría que suma el Gobierno con sus socios nacionalistas e independentistas. Tres de esas normas no han generado apenas choques entre Ejecutivo y oposición: la ley de agentes forestales, la de bomberos forestales y la de derecho a la defensa, por la cual, entre otras cosas, se extiende el derecho de defensa y de asistencia letrada a los procedimientos extrajudiciales.

La cuarta proposición de ley que está a punto de ser aprobada, la reforma judicial, sí ha sido más controvertida, aunque no porque haya generado un choque entre PSOE y PP, sino porque los socialistas han chocado con todos sus socios precisamente por pactar el texto con los populares. La reforma se centra en cuestiones de regeneración: instituye un régimen de incompatibilidades que prohibirá que se elija como vocal del CGPJ o como fiscal general del Estado a alguien que haya sido ministro en los cinco años anteriores a la designación y establece que los jueces que sean nombrados para un cargo político de confianza con rango de director general o inferior deberán ser declarados en la situación de "servicios especiales".

Seis decretos

Además de esas leyes que o se han aprobado ya o están a punto de hacerlo, el primer año tras las elecciones generales ha visto también cómo el Congreso ha convalidado seis decretos-ley puestos en marcha por el Gobierno. El último de ellos, la nueva prórroga hasta diciembre de las medidas sociales para hacer frente a la crisis desatada por la guerra de Ucrania, recibió luz verde este mismo martes, después de que el Ejecutivo aceptara retirar del texto el recorte en el bono social eléctrico que contenía para conseguir el voto favorable de Podemos. Un decreto muy similar había sido aprobado en diciembre del año pasado, precisamente para extender esas medidas sociales hasta este mes de junio.

Asimismo, hace unas semanas el Gobierno aprobó por decreto la puesta en marcha, por segundo año consecutivo, del programa Verano Joven, destinado a impulsar los viajes en verano de los jóvenes de entre 18 y 30 años mediante descuentos de hasta el 90% en las redes de transporte público de media y larga distancia de titularidad estatal. Y en mayo, el Ejecutivo hizo lo propio con un decreto que mejoraba el subsidio que perciben las personas que ya han agotado su derecho a paro. Este segundo texto se aprobó a la segunda, puesto que el primer intento acabó en fracaso en enero porque incluía un recorte en el modelo de cotización para la pensión para los perceptores de esta ayuda que Podemos se negó a aceptar. Finalmente, el decreto se aprobó sin esa rebaja.

En este año, el Gobierno también ha prorrogado por decreto la prohibición de desahucios a familias reconocidas como vulnerables. Y, por último, ha aprobado también por esta vía un paquete de medidas de modernización de la administración de justicia.