Este jueves a las 11.00 horas los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han jurado el cargo ante el rey Felipe VI. Se constituye así el octavo mandato de este órgano, que debió renovarse hace cinco años y casi siete meses, pero ha pasado este tiempo bloqueado por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE. Tras este periodo anómalo, los 20 vocales del Consejo tendrán que asumir muchas tareas, pero la más inmediata es la de nombrar un presidente para el Tribunal Supremo, que lo será a su vez del propio CGPJ.
Para ello se celebrará una sesión constitutiva que, como dicta la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), presidirá el vocal de más edad -Bernardo Fernández- y en la que se presentarán y harán públicas las candidaturas a presidir ambos órganos. Cada vocal podrá proponer un nombre. Una vez culmine este primer Pleno, la votación se deberá celebrar entre tres y siete días más tarde. Quien reciba el aval de tres quintos del CGPJ se convertirá en el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo.
Sólo podrá ocupar este cargo alguien que a día de hoy sea magistrado del alto tribunal o un jurista de reconocido prestigio con más de 25 años de antigüedad en su profesión. Tras un Consejo que en sus últimos años se instaló definitivamente en la dinámica de bloques, el recién nombrado por el Congreso y el Senado deberá alcanzar un gran consenso para llevar a cabo este nombramiento.
La Cámara Baja ha sido la primera en nombrar a los diez vocales que le corresponden: cuatro juristas de reconocido prestigio y seis jueces escogidos entre una lista previamente aportada por la carrera judicial. Los primeros son José Luis Costa Pillado, Inés María Herreros, Pilar Jiménez y Argelia Queralt. Los jueces, Ángel Arozamena, Esther Eriza, Gema Espinosa, José María Fernández Seijo, José María Páez y José Carlos Ortega.
Este miércoles fue el turno del Senado, que nombró a los juristas Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras e Isabel Revuelta. Y a los jueces José Antonio Montero, José Eduardo Martínez Mediavilla, Esther Rojo, Carlos Hugo Preciado, Alejandro Abascal y Lucía Avilés.
Casi un centenar de nombramientos
Por otro lado, los vocales se enfrentan a la titánica tarea de suplir otras 97 vacantes que el bloqueo ha dejado en la cúpula judicial. El Supremo suma por sí solo 26 asientos vacíos, más del 30% de sus puestos. La encomienda es urgente, dado que los asuntos se apilan en el alto tribunal, en los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales mermadas por la falta de jueces.
Ya lo advirtió el Supremo poco antes de que el Gobierno y el PP alcanzaran un pacto: "lo peor" de esta acumulación de vacantes es "el menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses".
El alto tribunal tiene vacantes la plaza del presidente de la Sala Primera y otros tres magistrados de la misma. La Sala Segunda cuenta con otro asiento vacío, y la Tercera tiene 12 vacantes contando con el presidente. En la Sala Cuarta, el Consejo debe nombrar seis nuevos magistrados, más otros tres de la Sala Quinta.
En la Audiencia Nacional, faltan por suplir las presidencias de la Sala de lo Penal y la de lo Social. Los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas suman 40 vacantes, entre ellas ocho presidencias. Otras 30 plazas vacías se acumulan en las audiencias provinciales del país. Además, también están pendientes de nombramiento 27 plazas de la Jurisdicción Militar.
El reto es cuantitativo, pero también cualitativo: la proposición de ley aprobada ayer por el PP y el PSOE para "reforzar la independencia judicial" añade nuevas exigencias a algunos nombramientos que son potestad del Pleno. Por un lado, la norma prevé "la creación de una Comisión de Calificación en el Consejo General del Poder Judicial, integrada por cinco vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas".
Además, para nombrar a los presidentes de las audiencias provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, el Pleno deberá lograr una mayoría de 3/5 de sus vocales. Por último, la norma eleva de 15 a 20 años de experiencia necesaria para los candidatos a acceder al Tribunal Supremo.
La propuesta para un nuevo modelo de elección
El acuerdo al que llegaron el Gobierno y el PP incluye otro recado para los nuevos vocales. Tras años de bloqueo en los que no alcanzaban un acuerdo sobre el modelo de elección de vocales del CGPJ, pactaron lo siguiente: "En el plazo de seis meses", el CGPJ hará un informe sobre "los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales".
La propuesta se enviará al Gobierno, al Congreso y al Senado para que "los titulares de la iniciativa legislativa" tramiten una norma basada en la misma. Afectará únicamente al nombramiento de los 12 vocales jueces del Consejo. La propia Constitución establece que los ocho restantes, juristas de reconocido prestigio, serán elegidos por el Congreso y el Senado a partes iguales. En un origen, los vocales jueces eran nombrados por votación de la carrera judicial, pero en 1985 el Gobierno de Felipe González impulsó una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para dejar al Consejo al completo en manos del Parlamento.
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