Desde que Arquímedes promulgó la ley de la palanca sabemos que «el producto de la potencia por su brazo es igual al de la resistencia por el suyo» y que la longitud de uno y otro brazo (el de la potencia y el de la resistencia) se miden a partir del punto de apoyo llamado fulcro. La vigencia de esta ley de la palanca pudo comprobarse en el pleno del Congreso de los Diputados del miércoles 17 y en el del martes 23 de julio pasados.

Ayer jueves 24 por la tarde seguía sin publicarse el Diario de sesiones del pleno del 17 y solo se disponía del Acta taquigráfica de la sesión. En ella me baso para recoger algunas bellaquerías de la portavoz Ione Belarra que dirigiéndose al presidente señaló que «la regeneración democrática es lo contrario de venir a legitimar y a blindar la corrupción judicial de Marchena y Larenas, del juez García Castellón, del juez Peinado, del juez Aguirre, de la jueza Espejel o Lamela». Para añadir que, como había dicho el mismo presidente, «en pleno siglo XXI, los golpes ya no se dan a través del ejército, no se dan poniendo los tanques en la calle, en general, pero sí se dan a través de los golpes judiciales».

Todo eso, en contra de lo que se canta en ese fandango de Huelva, no lo dijo uno que estaba arando en un cortijo sino la portavoz de un grupo parlamentario en el pleno del miércoles día 17. Así que desde el banco azul la estaban escuchando, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quienes no tuvieron nada que replicar.

Fue la presidenta de la Cámara, la señora Armengol, la que le hizo el ruego de que no acusara «a personas individuales que no pueden defenderse desde la tribuna». Pronto vuelve la burra al trigo y así la señora Belarra continuó acusando a jueces y periodistas carentes de posibilidades de defenderse, aduciendo «que en ningún lugar del reglamento pone que no se pueden citar periodistas corruptos en esta tribuna». Entonces el señor Tellado del PP pidió la palabra y en base al artículo 103.1 le recordó que «los diputados y los oradores serán llamados al orden (se entiende que por quién esté ocupando la presidencia de la sesión) cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad».

La cuestión subsiguiente es que si los magistrados del Tribunal Supremo y otros jueces son tildados de corruptos y golpistas sin que esas acusaciones susciten la intervención en su defensa del presidente y del ministro de Justicia, deberá pensarse qué hacer con ellos.

Nuestra Belarra pasó a señalar a continuación que «el problema son los dueños de los grandes medios de comunicación, son aquellas presentadoras y presentadores de grandes programas de televisión que tienen alianzas muy profundas con el poder económico y con el poder político para hacer que solo pase en España lo que ellos quieren que pase». La señora Belarra pasó a reprochar a Sánchez que concediera entrevistas «a un periodista que está claramente definido como corrupto, como es Antonio García Ferreras», del que hubiéramos podido pensar hasta la víspera que estaba alineado con los gobiernos socialistas, al menos desde Zapatero en adelante.

¿Y qué fue del finado Fernández?, como preguntaba Pepe Iglesias, el Zorro: nunca más se supo y de la Asociación de la Prensa, tampoco. Continuará.