Barcelona

Barcelona pedirá por vía judicial el cierre forzoso de los puestos de los expajareros de la Rambla al negarse a entregar las llaves

Uno de los puestos de los antiguos pajareros de La Rambla.
C. M.

El Ayuntamiento de Barcelona pedirá en los próximos días el cierre forzoso por vía judicial de los puestos de los expajareros de la Rambla de Barcelona, después de que las últimas resoluciones judiciales hayan sido favorables al consistorio, confirmando que puede recuperar la posesión de los puestos. La decisión se ha tomado este jueves, cuando una comitiva de funcionarios acompañada de la Guardia Urbana ha acudido a pedir las llaves a los 11 puestos y se han negado a entregarlas. Ante esta situación, los expajareros han confirmado a 20minutos.es que seguirán tomando medidas para permanecer en el centro de la capital catalana.

En 2010, los antiguos pajareros de esta icónica calle dejaron de vender animales. Actualmente, ofrecen helados, dulces, entradas y souvenirs, aunque, según el consistorio, lo hacen sin licencia. "Ahora mismo, no tienen ningún título para hacer lo que están haciendo", ha explicado Màxim López Manresa, gerente del Institut Municipal de Mercats. Además, fuentes municipales han destacado que hasta cinco juzgados de lo contencioso–administrativo, el TSJC y el TS han confirmado la legalidad de la actuación municipal a la hora de querer desalojarlos.

De esta manera, el conflicto que enfrenta al Ayuntamiento y a los expajareros desde hace más de una década entra en una nueva etapa en la que será la justicia la que decidirá si se lleva a cabo y cuándo el desahucio. "Ahora seguiremos lo que marca la ley", ha indicado Manuel Mallo Gómez, director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que ha recordado que el consistorio otorgó un plazo de 10 días de gracia este julio para que se fuesen.

Al negarse y no llegar a ningún acuerdo, el gobierno municipal ha anunciado que pondrá en marcha la vía judicial para recuperar este espacio. Sobre la fecha, Mallo ha asegurado que normalmente estos procedimientos suelen tardar una o dos semanas, pero al ser agosto quizá se demora más. "Es un poco aleatorio", ha añadido, sin embargo, ha dejado claro que no durará meses.

Los antiguos pajareros anuncian medidas

Los expajareros defienden que "ningún juez ha confirmado que las licencias con las que trabajan están caducadas" y que tienen pendientes medidas cautelares. Además, añaden que el consistorio sabía que recurrían al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las denegadas el pasado martes, por lo que consideran "ilegal" lo ocurrido este jueves. Por estos motivos, han asegurado que tomarán medidas judiciales para defenderse.

Un conflicto largo y complejo

La venta de pájaros en la Rambla empezó en 1971, cuando el Ayuntamiento otorgó concesiones de 50 años para esta actividad. Sin embargo, en 2003 la ley catalana prohibió la venta de animales en este tipo de establecimientos y años después, el Ayuntamiento transformó las antiguas licencias en unas nuevas que permitían que los propietarios de estos quioscos vendiesen alimentos y souvenirs, una actividad que han estado haciendo hasta ahora. 

No obstante, el problema llega en 2011, cuando la justicia declaró nulos estos permisos por "incumplimientos" en el trámite municipal, y en 2021, cuando las concesiones de los años 70 se caducaron. A partir de entonces, el Ayuntamiento comunicó su voluntad de reformar la Rambla -que ya está en marcha-, eliminando con las obras los 11 puestos que antiguamente vendían pájaros. 

A lo largo de los años, el litigio entre ambas partes ha sido, en palabras de Mallo, "complejo". Los propietarios de estos puestos han presentado varias iniciativas y acciones para evitar el desalojo, pero el ejecutivo municipal señala que ha terminado con 20 resoluciones judiciales a su favor,  "que confirman que no pueden vender estos productos".

Entre las iniciativas de los expajareros está la de 2022, cuando presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el Mercat dels Ocells de la Rambla de Barcelona se declarase patrimonio cultural inmaterial de Cataluña. Finalmente, el Parlament la rechazó en 2023. 

El Ayuntamiento ha defendido este jueves que han hablado en diferentes ocasiones, en conjunto e individualmente, con los propietarios, incluso ofreciendo una compensación para que abandonen los quioscos, aunque sin éxito. "En 13 años no hemos forzado la máquina, hemos ido paso a paso", ha añadido Miquel Rodríguez, gerente de Promoció Econòmica, a la vez que Mallo ha dejado claro que la actitud del consistorio ha sido "garantista y muy respetuosa" durante todos los años.  

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