Los nuevos vocales del CGPJ proponen a siete magistrados del Supremo como candidatos para ocupar la presidencia
- La votación se celebrará el 30 de julio a las 10 horas. Es necesaria una mayoría de al menos 12 de sus miembros.
- Entre ellos figuran dos nombres que han sonado para ocupar el cargo, las magistradas Pilar Teso y Ana Ferrer.
- Bolaños celebra que el nuevo CGPJ lleva a la "normalidad" a la Justicia y el PP, que el Gobierno "no podrá colonizarlo".
Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han propuesto este jueves hasta siete candidatos -cinco mujeres y dos hombres- para presidirlo y, de forma automática, presidir también el Tribunal Supremo. Tomarán la decisión final en la votación que se celebrará el próximo 30 de julio, en una sesión que empezará a las 10 de la mañana y en la que el aspirante que resulte elegido deberá concitar una mayoría de al menos tres quintos, es decir, de 12 de los 20 vocales.
En la primera sesión constitutiva del octavo mandato del CGPJ y tras jurar o prometer sus cargos ante el rey, los 20 nuevos vocales del CGPJ han presentado hasta siete candidatos a presidirlo -cada uno podría haber presentado uno diferente-, que tienen en común que todos ellos son magistrados del Tribunal Supremo con capacidad para presidir una de sus Salas y ninguno tiene el otro perfil alternativo que permite la ley, ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de profesión.
Los candidatos de entre quienes la semana pasada saldrá el presidente o presidenta del CGPJ y del Supremo son Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso.
La cantidad de aspirantes contrasta con lo que sucedió en 2018, en una de las grandes crisis que han rodeado a un órgano sobre el que siempre recaen la sospechas de injerencia política, cuando se supo que PP y PSOE habían pactado poner en este puesto al actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, con el que el entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, confió en un mensaje de móvil controlar "desde atrás" la sala que juzgaría a los responsables del procés independentistas. Esto llevó a Marchena a la renuncia incluso antes de haber sido nombrado y dinamitó el principio de acuerdo para renovar el CPGJ, que no se terminó de cerrar hasta el mes pasado, cinco años después de que expirase su mandato y entrase en funciones.