Las desgracias nunca vienen solas. Lo ha podido comprobar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta última semana, que comenzó el lunes con su citación como testigo por parte del juez Juan Carlos Peinado por la causa que investiga a su mujer. Continuó el martes, cuando el Gobierno perdió dos importantes votaciones en el Congreso de los Diputados por la capacidad de veto del partido de Carles Puigdemont y la falta de apoyos parlamentarios: la que permitía arrancar la tramitación de los Presupuestos para 2025 y la reforma de la ley de extranjería. Prosiguió el miércoles con el cese de la directora del Instituto de la Mujer por el caso de los Puntos Violeta. Y el Ejecutivo recibió también la reprimenda de Bruselas por la presión del Gobierno sobre los jueces, además de la del Tribunal Supremo al fiscal general por su política de nombramientos.
Los datos del paro publicados el viernes, que desprenden que España alcanza la mayor cifra de trabajadores de su historia, no fueron suficientes para hacer remontar la semana 'horribilis' del Ejecutivo de Sánchez, que tampoco ha conseguido cerrar los flecos del acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa a escasos días de que se agote el ultimátum dado por los republicanos. Y es que todos estos batacazos sucedidos en los últimos días de julio conducen a un escenario manifiestamente incierto para la legislatura, que previsiblemente no amainará hasta la vuelta de las vacaciones debido al parón legislativo y político del mes de agosto.
También se extenderá como mínimo dos meses la investigación del juez Peinado a la mujer del presidente, ya que la Audiencia Provincial de Madrid no revisará los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía hasta el 30 de septiembre. Al respecto, el abogado de Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial que no demore su decisión hasta esa fecha. Sea como fuere, las declaraciones de los testigos se sucederán durante los próximos dos meses, entre ellas, la del presidente del Gobierno, prevista para el próximo martes en Moncloa. Aunque Sánchez pidió hacerla por escrito, el juez ha insistido en que la declaración se produzca en la sede del Ejecutivo.
Aviso a navegantes de Junts
El 'superpleno' en el Congreso de los Diputados antes de las vacaciones de agosto también resultó un fiasco para el Gobierno, que aunque consiguió prorrogar el decreto anticrisis, aprobar la ley de paridad y remitir al Senado las leyes de bomberos y agentes forestales, se dejó por el camino dos normas esenciales. La modificación legal para hacer obligatoria la reubicación de los menores migrantes que llegan solos a Canarias —en lo que llevaba trabajando meses y que además enfrió su relación con CC y el Ejecutivo canario— y el arranque para tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a través de la aprobación de la senda de déficit. Para la segunda, el Gobierno confiaba en contar con el apoyo de Junts, pero finalmente no lo obtuvo.
Fue claramente un aviso a navegantes por parte de los de Carles Puigdemont, que no pasaron por alto el acercamiento del Gobierno a ERC en los últimos días ante el vencimiento del ultimátum para firmar un preacuerdo para una eventual investidura de Salvador Illa. Pero la cosa no acaba ahí, ya que el acto de Carles Puigdemont de este fin de semana al sur de Francia, muy cerca de la frontera, puede tensar aún más las negociaciones, poniendo más trabas a los republicanos para convencer a sus bases del pacto con el PSC y, por ende, al Ejecutivo.
En dicho acto Puigdemont ha insistido en que regresará a España si se celebra el debate de investidura de Salvador Illa. Un regreso que se produciría para las fechas de la votación en el Parlament y que supondría la detención del líder de Junts. Puidgemont ha instado a Sánchez a evitar lo que, a su juicio, sería una detención "ilegal". Junts ha vuelto a avisar, harán "todo o posible" para evitar que el cabeza de lista del PSC acabe siendo president de la Generalitat.
Reprimenda de Bruselas y aviso al fiscal general
Pero esto no es todo, ya que justo esta semana pasada salió el informe anual de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en los países miembros. Aunque Bruselas continúa estudiando la amnistía, el Ejecutivo comunitario reprendió varias declaraciones de miembros del Gobierno y alertó de algunas presiones sobre los jueces. También recordó que debía de seguir trabajando en la independencia del fiscal general de acuerdo con los estándares europeos.
La reprimenda al Gobierno a causa del jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, también le llegó de la mano del Tribunal Supremo. En su caso, por la forma en la que el fiscal ejecutó la sentencia que había anulado la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del alto tribunal.
Pero si el Ejecutivo de Sánchez no tenía suficientes frentes abiertos al cierre del curso político, el último Consejo de Ministros tuvo que proceder al cese de la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García, por el caso de los contratos públicos destinados al despliegue de Puntos Violeta de las que han sido beneficiarias la propia García y su mujer en diversos municipios del PSOE.
La semana que viene se prevé también intensa para Sánchez y su Gobierno. Queda aún pendiente el balance del curso que suele realizar todos los años el presidente, así como la declaración de Sánchez como testigo prevista para el martes en Moncloa y ese mismo día se producirá el despacho veraniego entre el presidente y el rey Felipe VI que se celebra en el Palacio de Marivent, en Palma.
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