La última 'tentación' de Puigdemont: estudia forzar su detención para dificultar la recta final de las negociaciones entre PSC y ERC

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, durante un acto de Junts+, a 6 de abril de 2024, en Elna (Francia).
El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, durante un acto de Junts+, a 6 de abril de 2024, en Elna (Francia).
Europa Press
El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, durante un acto de Junts+, a 6 de abril de 2024, en Elna (Francia).

Cataluña encara la semana decisiva para ver si finalmente existe un acuerdo entre PSC y Esquerra Republicana que lleve al exministro de Sanidad, Salvador Illa, a la presidencia de la Generalitat. A pesar del acercamiento institucional entre el Gobierno socialista y el Govern republicano durante la última semana, con el traspaso del IMV o que otorgarán a los catalanes más de 1.500 millones en tres años, desde ERC todavía se apunta que "faltan más que flecos" para lograr un pacto. Un acuerdo que podría verse condicionado por el regreso a Cataluña del expresident Carles Puigdemont más de seis años después de que abandonará España para evadir a la justicia nacional por el 'procés'. 

ERC necesita que la base del partido avale el acuerdo con los socialistas para investir a Illa. Pero la militancia —formada por cerca de 8.700 republicanos— está molesta a raíz del escándalo de la estructura B del partido, que realizó campañas denigratorias como la de los carteles de Maragall o el muñeco de Junqueras. En esta ecuación aparece el de Junts, ya que tras prometer que volvería para el debate de investidura, podría dinamitar el escenario político catalán regresando antes y con una posible detención en suelo español que removiese el movimiento independentista. 

Justamente, este sábado, el partido de Puigdemont celebra un acto para conmemorar el cuarto aniversario de la fundación de Junts. Muy cerca de la frontera con España, en la localidad francesa de Amélie-les-Bains-Palalda -cerca de los Pirineos-, el expresident se dirigirá a sus seguidores para explicar como será su vuelta. Una comparecencia en público a la que PSC y ERC deberán estar muy atentos para ver cuáles son las intenciones del 'juntaire' y conocer si tiene la idea o no de entremeterse en el 'sprint final' de las negociaciones

Puigdemont perdió la inmunidad europea el pasado 12 de junio, y a pesar de que no se ha lanzado una euroorden por parte de los magistrados españoles, la posibilidad de verse acechado por la justicia española puede llevar al líder de Junts a mover 'su ficha' antes del pleno de investidura. Una detención ante las cámaras de televisión y antes de la votación de la militancia de Esquerra, haría que la intención de voto de las bases pudiese virar por completo, llevando a los republicanos a renegar de un pacto con el partido que ha puesto entre rejas al que fue president durante el momento más álgido del movimiento soberanista catalán

Malversación y el caso Voloh, las causas abiertas

Pero, ¿por qué podrían detener a Puigdemont? La aprobación de la ley de amnistía ha llevado a archivar diversas causas contra el movimiento nacionalista catalán, pero no todas. En concreto, el juntaire todavía podría pasar a disposición judicial por la causa del procés, ya que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazó aplicar la norma a los líderes independentistas alegando la existencia de un delito de malversación. Bajo la interpretación del magistrado, Puigdemont no es amnistiable porque el jefe del ejecutivo catalán durante los hechos del 1-O gestionó los fondos de la administración "con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". 

Por otro lado, el líder independentista también está implicado en el caso Voloh por presunto espionaje ruso y relaciones con el Kremlin. El juez encargado del caso, Joaquín Aguirre, decidió no amnistiarle apoyándose en que la ley excluye aquellos actos que supusieran una “amenaza real y efectiva” o un “uso efectivo de la fuerza” contra la integridad territorial de España. Aguirre llevó el caso al Supremo para que lo investigasen por delitos de traición, malversación y organización criminal. 

Por lo que no podrá ser perseguido es por presunto terrorismo. La magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo, a cargo de la investigación de la derivada del caso de Tsunami Democràtic que afectaba a Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg, archivó el pasado 9 de julio la investigación, un día después de que lo hiciera el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

En un auto, Polo explicaba que tomó esta decisión tras la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que declaró invalidadas las diligencias acordadas por García Castellón en los últimos tres años por haber dictado fuera de plazo la prórroga de la causa. Puigdemont y otros miembros de la esfera independentista, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fueron investigados por organizar las protestas de Tsunami. 

Puigdemont vuelve y es detenido, ¿qué pasaría?

Como el Supremo no ha levantado las medidas cautelares contra Puigdemont, al regresar a Cataluña sería detenido. Ante esta posibilidad, hace menos de dos semanas, el abogado del expresident, Gonzalo Boye, avisó en una entrevista a Vilaweb que tenía preparado "una batería de cosas". Sin embargo, abogó por pensar que no deberá aplicar estas medidas, ya que cree que "prevalecerá la cordura". También, apuntó que la sociedad catalana "es un pueblo muy movilizado" y que no dejará que detengan tan fácil a Puigdemont. 

Ante la posibilidad de que tras ser detenido se pida prisión provisional contra el exmandatario catalán, Boye afirmó que es posible que dicha medida "pueda durar cuatro años: dos años prorrogables por dos". Además, señaló que mantener una detención en un caso que "entra dentro de la amnistía es grave" y que sostener la prisión sobre ello "es muy grave" porque "significa que a los jueces no les importa el Estado de derecho". 

Mientras, Junts aprieta también por la soberanía fiscal

Es un hecho que en estas últimas semanas Junts ha pasado a estar más desapercibido. Los focos han estado puestos en las negociaciones entre socialistas y republicanos y los encuentros institucionales entre los dos gobiernos. Desde la formación liderada por Puigdemont han querido atraer la atención pidiendo también la financiación singular para Cataluña, 'carpeta' indispensable para ERC en las negociaciones con el PSC. 

Durante el pleno del Parlament de este jueves, el diputado Salvador Vergés situó la soberanía fiscal para la región como elemento clave, pero en este caso, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2025. "Si Cataluña no tiene la llave de la caja, España no tendrá presupuestos", aseguró desde el atril del hemiciclo. Segundos después, se dirigió a la bancada socialista y le dijo a Illa: "Anóteselo bien y envíele un WhatsApp al señor Sánchez".

Este mismo jueves, en un artículo publicado en El Periódico, el secretario general de la formación, Jordi Turull, también aseguró que su partido no pacta con el PSOE "para apuntalar la gobernabilidad de España", sino para defender los intereses de Cataluña. Además, declaró que, como primera fuerza del independentismo, "ejercerán ese liderazgo con modestia, pero también con ambición y con Puigdemont al frente".

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