La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 1.000 euros a una comunidad de propietarios que habían instalada cámaras de videovigilancia orientadas a la vía pública "sin contar con autorización administrativa previa para ello", tal y como establece el Reglamento general de protección de datos (RGPD).
En un documento de acceso público, la AEPD apunta, además, a que a las imágenes tenía acceso personal no autorizado, por lo que determina que la instalación de esas cámaras y sus grabaciones "exceden los límites permitidos afectando a derechos de terceros y espacio de carácter público, no estando el mismo debidamente señalizado".
En este sentido, la agencia recuerda que este tipo de dispositivos debe contar con un cartel informativo, indicando los fines y responsable del tratamiento en su caso de los datos de carácter personal. Además, las cámaras deben estar orientadas hacia el espacio privado, evitando intimidar a vecinos colindantes. La AEPD también hace hincapié en que no se pueden controlar zonas de tránsito sin causa justificada ni obtener imágenes de la vía pública, al ser esta competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El organismo también indica que en el caso de tratarse de una cámara "simulada", la misma también debe estar orientada preferentemente hacia espacio privativo, dado que se considera que este tipo de dispositivos pueden afectar a la intimidad de terceros, que se ven intimidados por la misma en la creencia de ser objeto de grabación permanente.
"La finalidad de este tipo de dispositivos debe ser la seguridad del inmueble y de sus moradores, evitando la afectación de derechos de terceros que se vean intimidados con los mismos", señala. En este sentido, la comunidad ha sido multado con 1.000, finalmente 500 por haber reconocido su responsabilidad.
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