El Tribunal de Cuentas ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la ley de amnistía al considerar que el presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del procés por el que se encuentran encausadas 35 personas, entre ellas el expresidente catalán Carles Puigdemont, afecta a los intereses financieros de la UE. En esta situación, la consejera de cuentas Elena Hernáez acuerda suspender el procedimiento "hasta la resolución del incidente prejudicial".

Fue el pasado mes de junio cuando la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento preguntó a Fiscalía y defensas si elevaba esta cuestión. Entonces, explicó que podría consultar al TJUE en relación con una serie de artículos de la ley de amnistía "que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea".

Ahora, el Tribunal de Cuentas se ha convertido en el segundo órgano que acude a una instancia superior, después de que el Tribunal Supremo decidiera la semana pasada llevar la ley al Tribunal Constitucional. El órgano fiscalizador es el primero que acude a la Justicia europea.

La consejera encargada del procedimiento subraya en su auto que es "muy difícil conciliar" la ley de amnistía con la "prevención de la impunidad del fraude y la corrupción" que persigue el derecho de la Unión Europea. Y, por eso, considera que diversos preceptos de la norma podrían dar lugar "precisamente a la impunidad de las responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por los hechos enjuiciados" en este procedimiento.