El Síndic de Greuges alerta de que solo el 27% de los municipios catalanes tiene censo de amianto
- Según la Generalitat, 945 de los 947 municipios catalanes tienen cubiertas con amianto.
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La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha avisado este lunes que "solo" el 27,3% de los municipios catalanes tiene un censo de instalaciones con amianto, y que el 97,1% no tiene calendario de retirada.
En un encuentro con medios, Giménez-Salinas ha calificado de "muy bajas" estas cifras, recogidas en el informe 'La retirada de l'amiant a Catalunya' del Síndic de Greuges, elaborado a partir de datos de la Generalitat, que detectó que 945 de los 947 municipios catalanes tienen cubiertas con amianto.
Ha afirmado que estas cifras reflejan un retraso de cara al compromiso de la Unión Europea (UE) de retirar el amianto de los edificios públicos antes de 2028 y, del resto, antes de 2032, por lo que ha pedido "buenas leyes y medios" para lograr este objetivo.
El informe del Síndic concluye que no hay una normativa más allá de la disposición adicional 14 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que traslada a los ayuntamientos la obligación de elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario de retirada antes de abril de 2023.
Solo 27 municipios tienen un calendario fijado
Según constata el informe, de los 259 municipios que constituyen el 27,3% del total con censo, "solo" 27 (2,9% del total), tienen fijado un calendario de retirada del amianto.
Los ayuntamientos alegan dificultades para cumplir con esta obligación por falta de recursos técnicos y económicos, por lo que el Síndic apela a la "cooperación entre las administraciones" y el apoyo de los entes supramunicipales.
El adjunto general del Síndic de Greuges, Jaume Saura, ha recordado que en el Parlament de Catalunya había un proyecto para la erradicación del amianto y ha pedido que se retome y avance en este proyecto de ley tan pronto como se constituya el nuevo Govern.
Colectivo vulnerables
Saura ha destacado la necesidad de "priorizar" la eliminación de amianto en los emplazamientos en los que pasan más tiempo colectivos vulnerables (niños y adolescentes), como escuelas, polideportivos y parques.
También ha explicado que "la mayor parte del amianto está en propiedades privadas" y ha recalcado la importancia de crear subvenciones y ayudas de tramitación ágil para los propietarios de inmuebles y establecimientos con amianto puedan retirar este material.
Ha recalcado que, en el momento de retirar el amiento, hay que proteger tanto a los trabajadores que retiran el material como los vecinos del entorno que pueden verse afectados por la actuación.
Material prohibido desde 2002
El amianto es un material muy utilizado en la construcción entre los años 1960 y 1980 para cubiertas de edificios, depósitos de agua y tuberías, que al deteriorarse con el tiempo puede desprender fibras perjudiciales para la salud.
En 2002, se prohibió el uso de amianto debido a que es un agente carcinógeno de categoría 1A, capaz de afectar al sistema respiratorio y relacionado con enfermedades como mesotelioma peritoneal, cáncer de faringe y cáncer rectal.