Los ministerios de Vivienda y de Economía han firmado, junto al Instituto de Crédito Oficial (ICO), este lunes el convenio que permitirá movilizar 6.000 millones de euros en préstamos y avales a promotores inmobiliarios públicos y privados para la construcción de 43.000 viviendas de alquiler asequible, cedidas por un periodo mínimo de 50 años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado al Ministerio de Vivienda para presidir la rúbrica junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el responsable de Economía, Carlos Cuerpo; el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Según ha señalado Sánchez, este proyecto se enmarca en el objetivo que anunció en su discurso de investidura de habilitar 184.000 viviendas para alquiler social y asequible durante este legislatura, de las cuales 80.000 se encuentran en "diferentes fases de desarrollo". "Queremos convertir esta legislatura en la legislatura de la vivienda", ha recalcado en su intervención.
Sánchez ha incidido en la "voluntad" de los poderes públicos para dar solución al problema de la vivienda. Aunque ha remarcado que las competencias las tienen "sobre todo" las comunidades autónomas y los municipios, el presidente ha asegurado que el Gobierno "no se abstrae" de esta cuestión y utilizará todas las "palancas" para situar la vivienda como uno de los "principales pilares" del Estado de derecho. Ha remarcado que la falta de vivienda asequible es "un auténtico drama" para millones de familias y también para los jóvenes, ya que "devora" casi la mitad de la nómica de los hogares de alquiler en España.
"Hay quien se escuda en las competencias para ignorar lo que creo que debería ser de su absoluta incumbencia. A este Gobierno le compete", ha expresado, señalando que la pretensión del Ejecutivo es que "cunda el ejemplo" a otras Administraciones. Si bien ha reconocido que "no hay milagros", Sánchez ha abogado por las "buenas ideas" y las "buenas políticas" para solucionar el problema de la vivienda. Es por eso por lo que, según ha subrayado, ha querido estar presente en la firma del acuerdo.
Préstamos y avales
La firma de este lunes era necesaria para desplegar dos líneas de financiación anunciadas desde hace meses para promotores públicos y privados. Por un lado, de los 6.000 millones de euros movilizados, 4.000 millones proceden de los fondos europeos de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a ampliar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible. Estos pisos han de ser además eficientes energéticamente, ya sean de obra nueva o rehabilitados. Esta primera ayuda, que se podrá solicitar hasta el 1 de junio de 2026, incluye también financiación para la compra de suelo o del edificio a rehabilitar, pudiéndose acoger a ella operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2022.
Por otro lado, a ese monto de 4.000 millones de euros, el Gobierno ha sumado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) otros 2.000 millones de euros en forma de avales que gestionará el ICO. Esta segunda ayuda respalda hasta un 50% de los créditos puestos en marcha con los fondos europeos. El aval es gratuito y se otorga de manera automática una vez se conceda el préstamo. Tiene el mismo periodo de vigencia que el tiempo de amortización del préstamo o, en caso de ser superior, de 30 años.
Los promotores interesados en estas ayudas podrán solicitarlas o bien a través de su entidad financiera o bien directamente con el ICO. Las viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas a alquiler social o asequible -o ser cedidas para su uso- durante un periodo mínimo de 50 años. Además, los proyectos financiados por tendrán que finalizarse en el transcurso de entre cuatro y ocho años prorrogables a entre dos y cuatro más, según se ubiquen o no en suelo urbanizable y se trate de construcción o rehabilitación.
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