Sumar aplaude el impulso por parte del Gobierno a la construcción de 43.000 viviendas de alquiler social y asequible. No obstante, la formación de Yolanda Díaz insta a garantizar que la renta de estos futuros inmuebles promovidos mediante préstamos y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) resulte realmente asequible para las familias y a que sea la Administración Pública quien los gestione directamente. Así lo ha expresado el diputado de Compromís y portavoz de Vivienda del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, tras la puesta en marcha este lunes de dos líneas de financiación dirigidas a promotores.
En concreto, Ibáñez ha propuesto que el alquiler de las futuras viviendas construidas con los 6.000 millones de euros movilizados por el Ejecutivo ronde los 400 euros mensuales, con el objetivo de que sean "realmente asequibles". Garantizar este nivel de precios permitiría además, según la agrupación plurinacional, evitar que la ampliación del parque de vivienda en alquiler "hinche todavía más el mercado privado".
El portavoz parlamentario de vivienda de Sumar ha recalcado que su formación comparte con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la voluntad de ampliar el parque público de vivienda hasta el entorno del 9,5% en el que se sitúan otros países europeos, una cifra muy alejada del 2,4% de inmuebles que actualmente están en manos de las Administraciones Públicas en España. En ese sentido, Ibáñez ha celebrado la incorporación futura de 43.000 viviendas más, pero ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que las viviendas construidas sobre suelo público queden en manos privadas.
Para evitar que esto ocurra, desde la formación de Yolanda Díaz reclaman que los inmuebles construidos a través de las líneas del ICO aprobadas este lunes sean gestionados directamente por las agencias de vivienda autonómicas y municipales que cuentan con competencias en la materia. De este modo, Ibáñez ha pedido que no pase "lo de siempre" y los pisos edificados sobre suelo público acaben siendo gestionado por promotoras privadas.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado presente este lunes en la firma de los dos convenios entre el ICO y los Ministerios de Vivienda y Economía para impulsar la construcción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social y asequible. El Ejecutivo ha activado así dos líneas de financiación para promotores públicos y privados con las que se pretenden movilizar un total de 6.000 millones de euros, de los cuales 4.000 millones serán a través de préstamos y 2.000 en forma de avales públicos.
Comentarios