La querella por prevaricación de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado estaba pensada y prevista desde antes de este martes. Solo faltaba una circunstancia determinante para denunciar el relato de hechos: la comparecencia del presidente del Gobierno ante el magistrado en el Palacio de la Moncloa. Una vez pasada la citación, el jefe del Ejecutivo ya tenía todas sus armas para el escrito registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y es lo que él considera la "consumación" de un presunto delito.
La querella contra Peinado, que se hizo pública apenas una hora después de que el magistrado abandonara la Moncloa, se basa en dos ejes principales: por un lado, la diferenciación que hace el instructor del Sánchez marido de Begoña Gómez -imputada por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios- y el Sánchez presidente del Gobierno en diferentes momentos del procedimiento penal; por otro lado, de lo primero deriva la propia personación del juez en el palacio presidencial para tomar declaración testifical al jefe del Ejecutivo de forma presencial.
Son esas dos actuaciones del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid las que Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, pone de manifiesto en el relato de hechos de la querella. Pero para poder citar la segunda, Peinado tenía que personarse en Moncloa. El presidente había pedido declarar por escrito, como la ley prevé para ciertos cargos públicos por hechos de los que hayan tenido conocimiento por razón de su puesto, pero el magistrado lo denegó alegando que Sánchez debía comparecer únicamente en su condición de marido de Gómez.
El jefe del Ejecutivo defiende que su persona es "inescindible" del cargo de presidente y dado que el propio instructor dejó escrito en una resolución que investigaba toda actividad profesional de Begoña Gómez denunciada por Manos Limpias "desde que su marido es presidente del Gobierno de España", Sánchez así lo refleja en su querella como argumento para acusar a Peinado de prevaricación judicial. Querella que está redactada y firmada por la Abogacía del Estado, lo que ha generado las críticas del PP, que reprocha la utilización de recursos públicos para denunciar al juez que investiga a la mujer del presidente.
Fuentes gubernamentales precisan que con la asistencia de Peinado este martes al Palacio de la Moncloa, el "derecho a declarar por escrito" del jefe del Ejecutivo "se ha vulnerado" y, por ello, consideran que también se habría "consumado" el posible delito. El hecho de que Sánchez vea "inescindible" su persona del cargo que ocupa desde junio de 2018 también se refleja en la querella: desde el Gobierno defienden la ofensiva contra Peinado como una manera de "preservar la dignidad" de la institución. Con esas palabras se expone en la querella: "resulta obligado defender la institución que representa" Sánchez.
Para el Gobierno, está claro Peinado acudió este martes a tomar declaración como testigo Sánchez para "grabar un montaje" y "erosionar la imagen de la Presidencia del Gobierno". Así lo dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría, en rueda de prensa minutos después de que el juez dejara Moncloa, adonde, en su opinión, solo fue a "hacerse la foto" porque, tal y como ya ha dicho en más de una ocasión, solo "opera por motivos políticos".
Tras la presentación de la querella, todo está en manos del pronunciamiento del TSJM, que es el órgano judicial ante el que está aforado el juez Peinado. Primero, el tribunal deberá estudiar el escrito para decidir si lo admite a trámite e investiga la actuación del magistrado descrita en el mismo, lo cual podría no tener mayores complicaciones. Pero para resolver sobre el fondo, se debe probar que el instructor ha tomado sus decisiones a sabiendas de que son injustas y con intenciones espurias. Diversos juristas consultados no tienen tan claro que la actuación de Peinado no se pueda encuadrar en el necesario margen de actuación que deben tener los jueces para instruir causas penales.
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