El acuerdo PSC-ERC tensa la cuerda entre Sánchez y sus socios y también en las filas socialistas

El preacuerdo firmado entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa, según el cual Cataluña irá asumiendo la gestión del 100% de los impuestos, ha generado malestar entre algunos de los socios habituales del Gobierno y también en las filas socialistas. Mientras que Junts desconfía de lo pactado y niega que otorgue la soberanía fiscal, sus socios de Más Madrid apuntan a la "ambigüedad" del texto, en el que se evita especificar "puntos clave", como si la comunidad catalana saldrá del sistema común de financiación. Otros, como Compromís y la Chunta Aragonesista (CHA), directamente aseguran que el Gobierno no tendrá su apoyo si no se compromete a mejorar la financiación en sus territorios. Todo ello, sumado a que casi todas las comunidades han rechazado el preacuerdo y también hay malestar en algunos sectores del PSOE. 

El cumplimiento del acuerdo entre el PSC y ERC depende, en parte, del apoyo de los socios habituales del Gobierno en el Congreso de los Diputados, ya que sería necesaria una mayoría absoluta para la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA). Sin embargo, entre las reticencias de varios partidos integrados en Sumar, y que Junts tiene más críticas que elogios al texto, el PSOE no tiene cerrados en estos momentos los apoyos necesarios para dar cumplimiento a su acuerdo con los republicanos.

"Es bastante ambiguo en muchos puntos clave", señalan a 20minutos fuentes de Más Madrid, que cuenta con dos diputados dentro de Sumar -Íñigo Errejón y Tesh Sidi-. Y es que ni el Gobierno ni el PSOE dan detalles sobre si se concede o no el 'cupo catalán' que tanto pedían los republicanos y que tampoco aparece con esas mismas palabras en el texto. 

De hecho, el acuerdo no habla explícitamente de un concierto como el del País Vasco y Navarra, sino una aportación catalana a las finanzas del Estado a través de un "porcentaje de participación en los tributos" y también una "aportación a la solidaridad" para los servicios públicos del resto de territorios, aunque sin concretar. El texto solo deja claro que Cataluña se encargará de la gestión, recaudación, liquidación e inspección del 100% de los impuestos soportados en Cataluña, salvo los locales. 

Desde Compromís, que tiene a dos diputados integrados en Sumar -Àgueda Micó y Alberto Ibañez- ven "injusto" el tratamiento fiscal que recibe una comunidad "infrafinanciada" como la valenciana.  De hecho, su partido advierte al Gobierno de que no cuente con sus dos diputados si pretende reformar el sistema de financiación sin abordar con su formación este asunto. 

Se suma a esta advertencia el diputado de IU por Valencia en el Congreso, Nahuel González, también integrado en el grupo Sumar y que ha exigido una reforma del sistema de financiación que implique una compensación "justa" para la Comunidad Valenciana. Solo en este caso apoyaría la reforma propuesta por ERC y el PSC.

En la Chunta Aragonesista, su único diputado, Jorge Pueyo, también integrado en Sumar, ha advertido de que votará en contra de "cualquier financiación singular" mientras no se pongan en marcha herramientas "bilaterales" de financiación que figuran en el Estatuto de Aragón. "Solo apoyaremos una reforma de la financiación si Aragón se ve generosamente compensado", remarcó Pueyo en en la red social X.

En el BNG, con su diputado Néstor Rego dentro de la mayoría que se conformó en la investidura de Sánchez, también aprovechan para reclamar al Gobierno un sistema de financiación "justo" para Galicia. De hecho, recuerdan su compromiso de ofrecer a esta comunidad el mismo trato que a Euskadi y Cataluña "en cualquier avance que haya". "Un concierto económico dotaría a Galicia de mayor autogobierno y mayor capacidad para mejorar los servicios públicos gallegos", señaló Rego. 

Con todo, fuentes del partido subrayan a este medio su respeto por el proceso interno de ERC, por lo que evitan pronunciarse sobre si apoyarían o no una reforma del sistema de financiación para Cataluña.

Tampoco está asegurado el apoyo de Junts, que ha afeado que ERC y el PSC no hayan hecho público el acuerdo hasta después de varias horas de anunciarlo, y ha considerado que el texto no garantiza la soberanía fiscal para Cataluña. Con el rechazo de los siete diputados posconvergentes ya sería suficiente para hacer caer el acuerdo entre los republicanos y los socialistas.

Malestar en las federaciones socialistas

Además de las once comunidades lideradas por el Partido Popular, hay territorios donde los socialistas también se oponen a este acuerdo. Los primeros en evidenciarlo fueron los barones más críticos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder socialista en Aragón, Javier Lambán, que consideran el acuerdo una "quiebra brutal" y un "atentado" a la igualdad entre españoles.

En el PSOE de Madrid tampoco ven con buenos ojos que Cataluña tenga una financiación singular negociada bilateralmente y que se salga del régimen común de financiación de las comunidades autónomas. Opinan que la Agencia Tributaria tendría que seguir funcionando en Cataluña sin perder su capacidad de recaudar impuestos.

A la espera de concretar más detalles sobre el acuerdo, el PSOE de Extremadura también muestra sus reticencias. En concreto, el secretario general del partido, Miguel Ángel Gallardo, aseguró este martes que espera que el mismo no quiebre el principio de igualdad, "porque si quiebra el principio de igualdad, estaremos hablando de algo más grave que es fallar al conjunto de los españoles", a lo que los socialistas extremeños se opondrían.

En Andalucía tampoco se han mostrado del todo convencidos con lo plasmado en el texto. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha señalado que este acuerdo no puede "perjudicar" a Andalucía. "No voy a permitir ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía. Esto es de primero de Catón. Quiero para Andalucía todo lo bueno que haya en el acuerdo para Cataluña. La línea capital de defensa de Andalucía, siempre dentro de la Constitución, es que esté garantizada la financiación justa de las competencias autonómicas que sustentan el Estado de derecho", apuntó el también portavoz socialista en el Senado.

Aunque no tienen representación en el Congreso, a la izquierda del PSOE andaluz también muestran su rechazo. Adelante Andalucía ha pedido que el Gobierno reconozca la singularidad de su territorio y ha cargado contra la coalición del PSOE y Sumar por pensar siempre en "beneficiar a las élites catalanas".