El preacuerdo entre PSC y ERC impulsará una hacienda catalana, las selecciones deportivas, el traspaso de Rodalies y la gestión del Prat

PSC y ERC alcanzaron un preacuerdo para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Basado en cuatro 'carpetas', los republicanos hicieron público este martes el contenido del documento a dos días de que se celebre la votación donde la militancia decidirá si avalar o no el acuerdo. Mientras, el preacuerdo revela como las dos ejecutivas se han comprometido a priorizar la resolución del conflicto político o apostar por un modelo de financiación para Cataluña con una hacienda catalana. Además, en materia de políticas públicas, ambos partidos se comprometen a terminar el traspaso de Rodalies, a seguir regulando el precio del alquiler de temporada y evitan mencionar el Hard Rock, piedra angular del proyecto socialista. 

Un paso más allá para "la resolución del conflicto"

La primera de las 'carpetas' que aborda el preacuerdo de investidura entre el PSC y ERC pivota en configurar un debate "político, social y ciudadano" con el objetivo de "resolver el conflicto político entre Cataluña y España". El documento reconoce que este choque tiene “profundas raíces históricas” y que fueron amplificadas por la entrada "al conflicto de la vía judicial". Socialistas y republicanos coinciden que a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 en la que "se anuló" parte del Estatut de Catalunya, una “parte amplia de la ciudadanía” pasó a “reivindicar la plena soberanía de Cataluña”.

El preacuerdo reflexiona sobre como las instituciones catalanas promovieron la consulta del 9-N en 2014 y el referéndum del 1-O de 2017 para dar respuesta a “la voluntad de decidir libre y democráticamente sobre el futuro político del país”. Ambas formaciones concuerdan que “la respuesta judicial –sobre estas vías políticas- contribuyó a agravar la tensión institucional y social”. PSC y ERC explican en el texto que medidas como los indultos, la reforma del Código Penal o la ley de amnistía han permitido “devolver el conflicto al terreno de la política”.

Para dar un paso más allá en “la desescalada del conflicto político”, el preacuerdo estípula que tras la constitución del nuevo Govern de Salvador Illa se creará una Convención Nacional para la resolución del conflicto político. Presidida por un parlamentario de Esquerra Republicana y formada por representantes de los grupos parlamentarios del Parlament, abordarán esta problemática y "monitorizarán" la aplicación de la amnistía. Además, se creará una Oficina que trabaje en torno a la Convención.

Cataluña tendrá "la llave de la caja"

Un nuevo modelo fiscal para Cataluña era el gran escollo de las negociaciones y la ‘carpeta’ más importante en el lado de la mesa del partido republicano. Tanto desde el Govern en funciones como desde Esquerra, han argumentado durante los últimos meses que la comunidad debe salir del régimen común y tener “la llave de la caja” para autogestionarse el 100% de los tributos. Según el preacuerdo publicado, Cataluña tendrá un modelo de financiación singular en el que la Generalitat “gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará” todos los impuestos y que se formalizará durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre ambos gobiernos, eso sí, no especifican si finalmente la comunidad saldrá del régimen común.

Una vez sellado el acuerdo, se pondrán en marcha las modificaciones legislativas necesarias y se trasladará a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, formada por el Govern y el Gobierno, donde se votará que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma, progresivamente, "la gestión, recaptación, liquidación, inspección y disponibilidad" de todos los impuestos catalanes. Será entonces cuando también se desplegará el calendario del nuevo modelo de financiación y se impulsarán las modificaciones que hagan falta en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la de cesión de tributos a Cataluña.

El pacto también estipula que mientras no haya este sistema de financiación, habrá un "incremento sustancial de recursos" para compensar "desequilibrios" del modelo actual. De esta manera, se prevé que, en 2026, la Generalitat ya gestione el IRPF del ejercicio anterior. Además, "se priorizará el desarrollo de una hacienda catalana" que esté bajo el paraguas de la Agencia Tributaria Catalana y que, al asumir las competencias pertinentes, "se requiera del traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos" necesarios. 

También en materia fiscal, cuando el modelo de financiación esté plenamente en marcha, el impuesto sobre sociedades seguirá el mismo modelo que en el País Vasco y a Navarra y las empresas que tengan el domicilio fiscal fuera de Cataluña podrían tener que tributar en Cataluña si tienen un volumen de operaciones superior a una cantidad a determinar.

La principal diferencia del sistema con el concierto económico de territorios como el País Vasco o Navarra es que, en el caso catalán, se aplicará el principio de solidaridad. En el documento de 25 páginas se subraya que Cataluña "continuará aportando a la solidaridad territorial", aunque no se especifica con qué cuota lo hará. Sin embargo, señala que la aportación deberá ser "explícita y tendrá que reflejar de manera transparente cuanto aporta y cuanto recibe", es decir, que sea conocida.

Protección del catalán en las escuelas y en sanidad

Respecto al catalán, los partidos han acordado que, durante la XV legislatura, se promuevan políticas encaminadas "a potenciar el uso social de la lengua catalana como la mejor forma de asegurar la cohesión de la sociedad catalana". Para ello, tanto republicanos como socialistas se han comprometido a defender el modelo de escuela catalana como garantía del aprendizaje de la lengua, su normalización y su uso en todos los ámbitos, además de ayudar a garantizar los derechos lingüísticos.

De hecho, este punto fue el que aprobó el ejecutivo catalán en funciones y que, posteriormente, tumbó el TSJC hace menos de un mes. Por ello, se entiende que el preacuerdo mirará de blindar decretos ley de estas características y evitar que la justicia se interponga en las normas presentadas por el Departament d’Educació.

El preacuerdo incluye aprobar un Pacte Nacional per la Llengua dotado de 200 millones de euros en el primer año, y que se deberá cerrar en los primeros 100 días del próximo Govern. Asimismo, el texto también señala que se deberá crear una Conselleria de Política Lingüística con un plan de acción transversal que se proyecte sobre el resto de departamentos. En cuanto a la acción internacional, los partidos han acordado que se mantendrá el Departamento de Acción Exterior y se consolidará y ampliará la red de delegaciones fuera del territorio catalán.

Además, el preacuerdo promete continuar desarrollando el plan de impulso del catalán en el audiovisual y el entorno digital; relanzar proyectos de acogida para recién llegados a Cataluña; garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos (rotulación, atención al público... en lengua catalana) y normalizar que los docentes tengan el C2 de catalán, mientras que los sanitarios el C1, para optar a plazas públicas.

Finalmente, en esta carpeta, socialistas y republicanas se comprometen a continuar trabajando para “reconocer al máximo el deporte catalán en todos los niveles”. Para ello, se constituirá una Oficina del Govern, dentro del Consell Català de l’Esport, para promover las selecciones deportivas catalanas y que “opten a la participación directa en competiciones internacionales”.

Traspaso de Rodalies y nada de Hard Rock

En cuanto a infraestructuras, los dos partidos han acordado crear la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña y el Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña, en sustitución del actual comité de coordinación aeroportuaria. La intención que tienen es que la Generalitat pueda tener "un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán".

Del mismo modo, aseguran que la nueva Autoridad Aeroportuaria "vehiculará los intereses de Cataluña, responsabilizándose y apoyando al nuevo papel de la Generalitat de Cataluña en el nuevo modelo de gobernanza, y centralizará las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria".

En cualquier caso, el acuerdo estipula que se establecerá un máximo de emisiones anuales del aeropuerto que no podrá ser superior al actual. También se remarca que el aeropuerto tiene que respetar la biodiversidad, la convivencia con los vecinos y las directivas ambientales europeas. Esto dificulta aún más la ampliación del equipamiento, otro de los proyectos 'estrella' de la formación socialista. 

En Rodalies, prevén ejecutar este año los acuerdos suscritos el 9 de febrero entre Gobierno y Generalitat: concretamente transferir el déficit de explotación de Renfe de 2023; presentar un borrador de los estatutos de la nueva empresa operadora, y completar el estudio de las infraestructuras a transferir.

En este sentido, se cita el inicio del traspaso de la línea R1; impulsar conjuntamente entre Generalitat, Gobierno y Renfe un plan de choque de mejora para "dignficar el servicio actual"; mantener el despliegue de la T-Mobilitat con vistas a implementar la integración tarifaria de toda Cataluña en 2025; continuar con las bonificaciones de la T-Jove, y mantener el compromiso de la gratuidad de la T-16 y su uso.

El acuerdo entre el PSC y ERC no habla explícitamente del Hard Rock, uno de los grandes proyectos propuestos por los socialistas. Sí que habla de la ley sobre los centros recreativos turísticos (CRT) del 2014, que es la que estipulaba una rebaja impositiva a los grandes casinos de juego al 10% en caso de que el complejo BCN World acabara abriendo puertas. Ahora los dos partidos han acordado modificar aquella ley para subir el tipo impositivo del juego y volver al régimen de fiscalidad anterior a esta ley, que era del 55% a los grandes casinos.

También sobre fiscalidad, republicanos y socialistas han pactado que el próximo Govern de la Generalitat mantenga el impuesto de sucesiones y patrimonio. Además, se ha acordado mantener la oficina para la Renta Básica Universal y autorizar el plan piloto.

En materia hídrica y ante eventuales nuevos episodios de sequía, se comprometen a cumplir el calendario de inversiones relativas a "las nuevas infraestructuras de desalación previstas en la Tordera y el Foix", así como las estaciones de agua regenerada para llegar a 130 hm3/año, y garantizar una partida de 110 millones para la construcción de 24 plantas de agua regenerada.

También prevén dar continuidad al Pacte Nacional per la Industria 2020-25 para lograr un peso industrial del 25% del PIB en 2030; un programa urgente de fomento de la vivienda con mantenimiento de los compromisos presupuestarios; la gratuidad de la educación de 0-3 años en el curso 2025-26, mantener el avance del calendario escolar y el impulso de una veintena de leyes durante la legislatura.

Por otro lado, ERC y el PSC se han comprometido a regular los alquileres de temporada, los alquileres de habitaciones y las viviendas de uso turístico. Esta ha estado, de hecho, una demanda de los Comuns durante las negociaciones. Además, han pactado que entre el 2024 y el 2030 se construya 50.000 pisos nuevos en el marco de un programa de fomento de la vivienda de protección oficial, y desplegar la ley estatal de vivienda, especialmente el índice de referencia de precios de los alquileres.

Sobre salud, se mantendrán y consolidarán las mejoras laborales (retributivas y organizativas) de los profesionales sanitarios hechas en 2023 y principios de 2024, y se garantiza el cumplimiento del calendario de inversiones previsto en el nuevo hospital Clínic, el nuevo Campus Salut de Girona y el nuevo hospital de Terres de l'Ebre (Tarragona), entre otras.

Para acabar, los dos partidos se comprometen a dedicar un 2% del Presupuesto de la Generalitat a Cultura en 2025, como estaba previsto; mantener la Conselleria de Políticas de Igualdad y Feminismos, y mantener las convocatorias anuales del cuerpo de Mossos d'Esquadra, con un mínimo de 900 anuales, para llegar a 22.000 efectivos en 2030.