La querella que ha presentado Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por un posible delito de prevaricación ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que la tiene que estudiar y decidir si la admite a trámite. Esto conllevaría investigar la actuación del magistrado, pero las diligencias que encargara el tribunal no implicarían que Peinado dejara de dirigir la causa en la que está imputada la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Desde Moncloa se hizo pública la presentación de la querella de Sánchez el pasado martes, poco después de que el juez Peinado saliese del palacio presidencial, donde Sánchez compareció como testigo en la causa que investiga las actividades profesionales de su mujer, aunque se acogió a la dispensa a declarar que le otorga la ley. Un día después, fuentes jurídicas consultadas por Ep confirmaron que el TSJM ya tiene el escrito y se le dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede su admisión o no.
El pronunciamiento del Ministerio Público no tiene por qué ser vinculante para el tribunal, pero el trámite habitual cuando se recibe una querella es pedirle opinión. Y en el caso de que el tribunal admitiera la querella y se pusiera a investigar la actuación del juez Peinado en la instrucción sobre Begoña Gómez, como pide Sánchez, esto no presupone nada de qué será lo que decida el tribunal sobre el fondo del asunto. Y tampoco impediría al magistrado seguir adelante con la causa contra la mujer del presidente, según las fuentes, a pesar de que la querella reconoce "el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante" del poder judicial, "de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente, dirigida, no solo respecto de cualquier ciudadano, sino en este caso, respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo, todo lo que parece explicar el injusto proceder del magistrado".
En cualquier caso, todos estos trámites es más que seguro que no se llevarán a cabo hasta septiembre, ya que el mes de agosto es inhábil en los órganos judiciales y solo quedan los de guardia para cuestiones de carácter urgente o causas con preso. En el TSJM, como en cualquier otro tribunal, queda la que es llamada Sala de Vacaciones para este tipo de asuntos.
La querella contra Peinado está firmada por la Abogacía del Estado en representación de Sánchez en tanto en cuanto la presenta como presidente del Gobierno. El escrito se basa en dos ejes principales: por un lado, la diferenciación que hace el instructor del Sánchez marido de Begoña Gómez -imputada por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios- y el Sánchez presidente del Gobierno en diferentes momentos del procedimiento penal; por otro lado, de lo primero deriva la propia personación del juez en el palacio presidencial para tomar declaración testifical al jefe del Ejecutivo de forma presencial.
Según los servicios jurídicos del Estado, Peinado podría haber dictado, "a sabiendas", una serie de resoluciones en el marco de la causa contra Gómez que consideran "injustas". De ahí que, según expone, "resulta obligado defender la institución que representa" Sánchez, que es la Presidencia del Gobierno.
En primer lugar, la querella recuerda aquella en la que el instructor definía su ámbito de investigación contra Gómez como "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial" que presentó Manos Limpias. Esta "delimitación tan abstracta", añade, no incluye "un mínimo indicio que lo soporte, una conjetura que desprestigia y genera un descrédito gratuito a la institución que representa" Sánchez.
Pero es que además, recuerda la Abogacía, en una resolución posterior el juez acordó tomar declaración como testigo a Sánchez, pero "en sentido contradictorio con la delimitación de los hechos", ya que omitía "de manera consciente y deliberada las garantías procesales propias de la declaración testifical del presidente del Gobierno", al considerar que debía tomarle declaración como marido de la investigada y no por hechos de los que hubiera podido tener conocimiento por razón de su cargo.
"Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada -a Sánchez- contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta la Presidencia de uno de los poderes del Estado de las 27 garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable", apunta.
Así, la Abogacía defiende que Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno, al considerar que así lo fija la ley para los casos en los que se le tome declaración por hechos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo de presidente.
"Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada", asevera.
Para la Abogacía, la decisión de Peinado de citar a declarar a Sánchez como testigo ha sido "prevaricadora" porque en su providencia del 19 de julio "no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito". Y así, sostiene que el juez no cuenta con "un mínimo indicio" que "soporte" las diligencias que ha acordado y que con sus "conjeturas" genera un "descrédito gratuito" y "desprestigia" la Presidencia del Gobierno.
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