Tras las tensiones territoriales a causa del acuerdo del PSC y ERC para otorgar un consorcio fiscal a Cataluña, el presidente del Gobierno ha recuperado un concepto que los socialistas ya utilizaron hace más de una década para responder a los primeros coletazos del procés: el federalismo. Pedro Sánchez dijo en su balance de final de curso que el acuerdo con los republicanos, que implica una negociación bilateral con Cataluña, daba un paso en la "federalización del sistema autonómico", justificando así que el resto de comunidades no estén incluidas en la discusión sobre el sistema tributario catalán. Sánchez abogó por avanzar en un propósito que llevaba años aparcado, ya que fue en 2013 cuando la dirección socialista y sus federaciones sellaron la denominada 'declaración de Granada' para modificar la Constitución en un sentido federal con el fin de responder al auge del independentismo catalán y evitar una ruptura entre el PSOE y el PSC, puesto que los últimos defendían celebrar un referéndum legal y pactado.

En concreto, aquel texto aprobado por los socialistas y que un año después presentó ante el rey el que entonces era el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recogía convertir el Senado en una Cámara de representación autonómica, "constitucionalizar" las competencias del Estado y también una demanda primordial del PSC: el principio de "ordinalidad" en la financiación autonómica, es decir, poner límites a la solidaridad que practica Cataluña con el resto de territorios. Se trata de un principio que, alegaban, se suele aplicar en países de estructura federal, como es el caso de Alemania y Canadá, con el fin de que las regiones que más aporten cuenten finalmente con recursos no inferiores a la media.

Precisamente, tanto el concepto del federalismo como el de ordinalidad están ahora mismo sobre la mesa de las negociaciones para investir al socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. El federalismo no solo lo sacó a la palestra el presidente del Gobierno, sino que aparece en el propio acuerdo firmado entre el PSC y ERC, en el que se comprometen a profundizar en el autogobierno y en la autonomía fiscal y financiera de Cataluña a través de una hacienda catalana compatible con el avance "hacia un modelo tributario federal con una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección".

El principio de ordinalidad del que hablaba el PSC hace más de diez años también está recogido en el acuerdo firmado con los republicanos. El mismo señala que la Generalitat debe contribuir a la "solidaridad" con las demás comunidades autónomas para que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar "niveles similares", siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. "Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad", plasma el acuerdo.

En este sentido, también indica que las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante deberían de ser proporcionales a lo que reciben. Para esto se requeriría de un cambio "estructural" en el sistema de financiación —lo que tendría que negociarse entre todas las comunidades—. Pero el acuerdo establece que, en el caso de no adoptarse este cambio durante 2025, se requerirán "medidas compensatorias", sin especificar cuáles serían.

Desde que se alcanzó el acuerdo, que aún debe ser ratificado por las bases de ERC este viernes para su aprobación definitiva, Sánchez ha insistido en la idea de que la negociación "bilateral" con Cataluña y otras comunidades va de la mano del concepto de "solidaridad interterritorial" y de "igualdad" en lo que se refiere a la "calidad de los servicios públicos", si bien tampoco ha ofrecido más explicaciones de cómo implementarlo. Lo que sí se sabe es que el acuerdo implica un concierto catalán que la oposición y algunos barones socialistas ven como un "atentado" contra la igualdad entre españoles y un desprecio a los otros territorios de España. 

No comparten la tesis de que una comunidad tenga que recibir del Estado lo mismo de lo que aporta. "Los impuestos los paga la gente como un ejemplo de soberanía. No entiendo que se pueda parcelar y echar la cuenta comunidad por comunidad. Es absurdo plantearse puertas fiscales. Es un planteamiento de la ruptura de la igualdad grosero", dijo uno de los socialistas críticos con Pedro Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.