El juez que ha pedido al Supremo imputar al fiscal general decidirá sobre la querella de Sánchez contra Peinado
El juez que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por posible revelación de secretos es el mismo que actuará como ponente en la decisión sobre la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, a quien acusa de cometer prevaricación en la investigación a su esposa, Begoña Gómez.
Se trata del magistrado Francisco José Goyena en quien ha recaído por reparto la ponencia sobre la admisión de la querella presentada por la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno. El tribunal que tomará una decisión sobre si admitirla o no estará conformado por el propio Goyena, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, y el magistrado Jesús María Santos.
La resolución que ha emitido el TSJM indica explícitamente que el asunto se registra de momento como diligencias previas, se le asigna número y se envía a la Fiscalía para que se pronuncie. De todas formas, la opinión del Ministerio Público no es vinculante para el tribunal. La tramitación efectiva será ya en septiembre dado que agosto es mes inhábil en los juzgados, según recuerda Ep.
Una admisión de la querella de Sánchez conllevaría investigar la actuación de Peinado, pero las diligencias que encargara el tribunal no implicarían que el juez dejara de dirigir la causa en la que está imputada la esposa del jefe del Ejecutivo por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La querella de la Abogacía del Estado contra Peinado se presentó el pasado martes después de que el juez Peinado se hubiera acercado a la Moncloa para interrogar como testigo al presidente del Gobierno. Esa declaración no llegó a sustentarse porque Sánchez se acogió a su derecho a no declarar dado que es su esposa la que está investigada en la causa.
En la querella, la Abogacía General del Estado lleva ante el TSJM tanto a Peinado como a su sustituto, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito.
"Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada (...) contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta la Presidencia de uno de los poderes del Estado de las 27 garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable", apunta, en referencia a la testifical que tuvo lugar en la Moncloa.
Así, la Abogacía defiende a lo largo de 35 páginas que Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno, al considerar que así lo fija la ley para los casos en los que se le tome declaración por hechos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo de presidente.
"Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada", asevera.