De los indultos al concierto fiscal: las cesiones de Sánchez al independentismo

Un concierto fiscal para Cataluña a cambio del apoyo de ERC a una eventual investidura del líder del PSC, Salvador Illa, es la última de las cesiones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado a los partidos independentistas en los últimos tres años con el fin de hacer posible y efectivo su mandato. Los indultos, la eliminación del delito de sedición, la rebaja de las penas de malversación o la ley de amnistía han sido algunos de los pactos que Sánchez ha justificado como avances en la "convivencia" en Cataluña, sin embargo, el concierto catalán parece que ha sido la gota que ha colmado el vaso de las propias federaciones socialistas, que reclaman públicamente igualdad de trato para sus territorios.

Los indultos a 9 líderes del procés

Este arduo camino entre polémicas negociaciones comenzó en junio de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó conceder 9 indultos parciales a los líderes del procés, conmutándoles lo que les quedaba por cumplir de sus penas de prisión pero manteniendo la inhabilitación. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell y Dolors Bassa se vieron beneficiados por los mismos, condicionados a que no cometerían un delito grave durante un plazo de tiempo determinado.

El presidente del Gobierno justificó esta decisión alegando que existían razones de utilidad pública para conceder esta medida de gracia, en concreto, la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en Cataluña y entre la sociedad catalana y la española. El Partido Popular, Vox y algunos diputados de Ciudadanos interpusieron recursos ante el Tribunal Supremo para revisarlos, aunque al final fueron desestimados al no tener como partidos la legitimidad de cuestionar los indultos.

Eliminar el delito de sedición y rebajar la malversación

La siguiente concesión fue la de eliminar el delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del procés. Fue en diciembre de 2022 cuando el Senado dio luz verde a la reforma del Código Penal para eliminar este delito y también rebajar las penas en algunos supuestos del de malversación. Así, se eliminó el artículo 544 del Código Penal que recogía el delito de sedición, penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación para crear uno nuevo de desórdenes públicos agravados en el artículo 557, donde las penas equiparables al tipo derogado van de los 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación.

El Gobierno de coalición, de aquellas conformado por el PSOE y Unidas Podemos, sostenían que este delito recogía un castigo desproporcionado y que no se equiparaba a los códigos penales de otros países europeos. En este caso, el Partido Popular y Vox interpusieron recursos ante el Tribunal Constitucional, que fueron admitidos a trámite en octubre de 2023.

La ley de amnistía

Tras las elecciones del 23 de julio comenzaron los problemas en la aritmética parlamentaria. A Sánchez no le bastaba con los socios de la anterior legislatura, necesitaba a Junts para conformar un gobierno. Por ello y pese a las veces en las que se había negado a hacerlo, pactó con Junts y ERC la aprobación de la ley de amnistía a cambio de sus apoyos en la investidura, que se produjo en el mes de noviembre tras una extensa y espinosa negociación.

Esta ley, que ya entró en vigor tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados a finales de mayo de este año, supone la anulación de las penas relacionadas con el procés. La norma fue redactada con el fin de que se beneficiasen líderes independentistas como Carles Puigdemont, huido de España en 2017, u Oriol Junqueras, que ya se había beneficiado de los indultos tras 3 años y 8 meses de prisión. 

Tres comisiones y plurilingüismo en el Congreso

Antes de pactar su investidura, Sánchez también acordó con ERC y Junts crear tres comisiones de investigación del Congreso de los Diputados a cambio de la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. En concreto, estos dos partidos independentistas, junto con Bildu, PNV y BNG impulsaron una para abordar la denominada 'Operación Cataluña' atribuida al Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy; otra centrada en el espionaje a los independentistas con el programa Pegasus; y una tercera para ahondar en los atentados yihadistas perpetrados en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona). También pactaron una reforma del reglamento de esta Cámara para blindar el uso de las lenguas cooficiales, que ahora ya son habituales en las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados.

Competencias migratorias

Ya en marcha la legislatura, el Gobierno se tuvo que enfrentar a sus primeros problemas a la hora de legislar al carecer de una mayoría absoluta estable y depender del partido de Carles Puigdemont para aprobar determinadas normas. A principios de enero de 2024 tenía que salvar tres decretos de los cuales dos eran indispensables: una prórroga de las medidas anticrisis del que dependía la rebaja del IVA de los alimentos, de la luz y del gas o la del transporte; el decreto ómnibus, esencial para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos, y la reforma de los subsidios por desempleo.

Sánchez pactó con Junts su abstención —que finalmente se materializó con la ausencia de sus 7 diputados en el pleno— para poder dar luz verde al menos a los dos primeros, ya que el de los subsidios decayó por el voto en contra de Podemos. Esto fue a cambio de varios compromisos, el principal, delegar las competencias sobre inmigración a la Generalitat, al menos en lo que se refiere a ordenación. Se trata de una cuestión que, de momento, no se ha concretado, al igual que la del traspaso integral de Rodalies a la Generalitat. Aunque en este último caso la Generalitat y el Gobierno dieron un paso más hace escasas semanas, acordando el inicio del traspaso de la línea 1 a partir de enero de 2025.

Concierto fiscal para Cataluña

Pero las elecciones catalanas, que se adelantaron al 12 de mayo de este año, derivaron en un nuevo escenario en el que el Gobierno necesitaba del apoyo de ERC para avanzar en sus planes. El candidato del PSC, Salvador Illa, sacó un buen resultado electoral, 42 escaños, bloqueando así la posibilidad de gobernar al bloque independentista aunque, para ello, necesitaba investir a Illa a través del apoyo de ERC. Tras unas largas negociaciones, esta pasada semana se conoció que habían alcanzado un preacuerdo que implicaba la salida de Cataluña del régimen común de financiación de las comunidades con la incorporación de un concierto económico similar al de País Vasco y Navarra. 

Precisamente, este ha sido el tema que más malestar ha generado dentro de las filas socialistas, en concreto, en las federaciones autonómicas del PSOE, que temen la repercusión de esta cesión en la financiación de sus comunidades. Al menos seis secretarios generales del PSOE han salido públicamente a mostrar su rechazo a este pacto —Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid, Asturias y Castilla y León— y a defender que la "llave de la caja" debe estar en manos del Estado y no de la Generalitat.