La infamia y el horror se cernían este viernes sobre el pueblo aragonés de Ateca, muy cercano a Calatayud (Zaragoza). El municipio, con alrededor de 1.700 habitantes, cerraba la semana con un suceso que conmocionaba a todos los vecinos: cinco trabajadores del Centro de Atención a Menores eran detenidos acusados de delitos contra la integridad moral, lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal.
Los arrestados, para los que la jueza decretó a última hora de este viernes prisión provisional sin fianza, son el director del centro, Iván R.M, al que se le considera cooperador necesario, y dos educadores y dos auxiliares, Mohamed B., Youssef B, Abdelilah A. y Alexandru R. A. Estos cuatro últimos son los que están acusados de las agresiones sexuales.
El origen del caso está en la denuncia de la madre de una de las víctimas, un menor de 16 años, aunque como ha explicado la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, las investigaciones llevadas a cabo por los agentes permitieron descubrir que había otra posible víctima, una joven de 17 años.
Han sido estos dos menores los que han testificado ante la Guardia Civil para dar cuenta del terrible maltrato y los abusos a los que han sido sometidos. Quemaduras de cigarros, golpes y bofetadas, insultos sexuales, labios rotos, empujones... el listado de abusos contra los dos chavales llevaba a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud a decretar el ingreso en prisión provisional sin fianza de los arrestados.
"Llegó a defecarse encima"
En los autos dictados este viernes, la instructora estima que existen indicios suficientes de criminalidad para poder considerar a los detenidos responsables de los hechos que se le imputan, conclusiones a la que llega teniendo en cuenta las pruebas practicadas a los dos denunciantes. Ambos "han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo, de cuya existencia era conocedor uno de los detenidos", en referencia al director. Además, apuntan a que otros compañeros también fueron víctimas.
En concreto, el chico ha detallado que "le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimento durante días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse; continuando el detenido Mohamed con dichos castigos entre semana, debido a la distribución por turnos entre el personal del centro".
Además, la menor ha explicado que "desde su llegada al centro en el año 2021, la insultaban y le decían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, la agredían injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y le quemaban cigarrillos en los brazos y en las piernas", algo que ha podido ser comprobado por la propia jueza al ver diversas marcas de quemaduras en los brazos. A estos episodios se añadían otros de índole psicológica y sexual.
"Extrema crueldad"
Ante semejantes testimonios, la instructora del caso recoge en sus informes que todo lo relatado por las víctimas es una clara muestra "de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo, viéndose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos". Al parecer, los ahora detenidos siempre les recriminaban que "nadie les creería" y que "no los querían ni sus familias".
Según la magistrada, las declaraciones de las víctimas "han sido corroboradas periféricamente por los informes forenses preliminares obrantes en autos, los cuales reflejan que las lesiones presentadas y que se aprecian en el parte médico de los menores y en las fotografías existentes son compatibles con lo relatado".
El director miraba a otro lado
Dentro de toda esta terrible historia, la figura del director, acusado de cooperador necesario, cobra peso. Según el auto judicial, "ambos menores han declarado que el detenido tuvo, desde su llegada al centro el año pasado, una actitud de despreocupación absoluta acerca de su situación".
En este sentido, las dos víctimas han hecho hincapié en que el responsable del centro "protegía laboralmente a los restantes detenidos, puesto que nunca llevó a cabo correcciones ni sanciones a los mismos, pese a las quejas del personal del centro y sus advertencias, y que llevó a cabo una investigación incompleta y parcial, tras la denuncia de la progenitora de uno de los denunciantes ante los agentes de la autoridad".
Antes de esto, el joven denunciante ya pidió ayuda a otro de los trabajadores, que acudió donde el director sin recibir ningún tipo de ayuda por su parte. La psicóloga de la institución ha corroborado todo esto. También un enfermero del centro, a quien el director pidió que hiciera un informe falso sobre el estado del denunciante.
La magistrada considera así que la actitud del director "supone un manifiesto incumplimiento de sus funciones como garante del cuidado y salvaguarda de los menores desamparados y en situación de riesgo y exclusión familiar y social, como personal de un servicio público". De ahí la acusación de cooperación necesaria y delito contra la integridad moral.
Cierre del centro
Por otro lado, la jueza también decretó este viernes el cierre provisional del CAM, centro concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), hasta el total esclarecimiento de los hechos. Esta decisión ha llevado al cese de internamiento de cinco de los menores que se encontraban en las instalaciones y podría extenderse a otros nueve más que se encuentran fugados.
En este sentido, la titular del juzgado ha solicitado a la Guardia Civil la localización de estos menores y su puesta a disposición judicial para averiguar si han podido ser víctimas de las agresiones y abusos que se investigan en esta causa y por si guardan relación con su huida del centro.
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