Lunes, 30 de octubre de 2017. El ya expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, cesado tres días antes por el Gobierno de Mariano Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155 tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña, publica a las 08.00 horas en sus redes sociales una imagen del interior del Palau con un escueto mensaje acompañado de una cara sonriente: "Bon dia".
La fotografía confunde a las decenas de periodistas agolpados desde bien temprano en la puerta de la sede del Ejecutivo catalán. Ese lunes la noticia está en la Fiscalía General del Estado, que acabará presentando una querella contra el líder independentista y todo su gabinete por rebelión, sedición y malversación; y en el edificio que se erige en la plaza de Sant Jaume porque toda España, y en especial Cataluña, se hace la misma pregunta: ¿acudirá Puigdemont a su ya inexistente puesto de trabajo para ofrecer una imagen de normalidad y rebeldía tras la intervención del Gobierno de las competencias autonómicas de la región?
La imagen compartida por el expresident hace pensar que sí, que, de hecho, puede estar ya en su despacho. Pero nadie allí lo ha visto entrar. Es más, nadie, en las horas sucesivas, lo vería entrar. Porque no está claro cuándo tomó Puigdemont la fotografía, pero sí que no la compartió desde España.
El líder de Junts llevaba ya varias horas fuera del país cuando lo hizo, tras una huida en la que fueron clave su mujer, Marcela Topor, y cuatro mossos, entre ellos el condenado y recientemente amnistiado Lluís Escolà. Un día después, Puigdemont aparece en Bruselas para hacer oficial su huida de España y presentarse como exiliado.
De aquello están a punto de cumplirse siete años. Ahora, el expresident podría volver a España, concretamente este jueves, cuando está previsto que se celebre la sesión de investidura que hará president de la Generalitat al socialista Salvador Illa tras el acuerdo alcanzado con ERC la semana pasada.
Si lo hace, será detenido, un coste que asumió en una carta publicada tras darse a conocer el pacto alcanzado entre el PSOE y los republicanos. Ello, porque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene su orden de arresto y porque, por ahora, se niega a amnistiar el delito de malversación que podría haber cometido Puigdemont. En el supuesto de que entre en España y sea arrestado, el objetivo de la Policía es hacerlo de tal forma que se evite un espectáculo, aunque será difícil, ya que se desconoce cómo viajaría a nuestro país.
Son numerosos los momentos protagonizados por el líder independentista en estos siete años, entre ellos dos detenciones, la consecución de la inmunidad tras lograr escaño en el Parlamento Europeo, la puesta en marcha del Consejo por la República o una fotografía que 'persigue' a los socialistas: la que aparece junto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el marco de las negociaciones para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.
Su huida a Bruselas
Mitificada y tergiversada. Puigdemont cruzó la frontera con Francia el 29 de octubre y de allí cogió un avión a Bruselas, sí. Puigdemont engañó hasta a los suyos publicando la imagen del interior del Palau de la Generalitat el día 30 a las 08.00 horas, sí. Pero no está demostrado que Puigdemont abandonase España escondido en el maletero de un vehículo, como repiten una y otra vez los sectores más duros contra el independentismo.
Sí sabemos que el expresident cambió de coche hasta en dos ocasiones para garantizar el éxito de su huida, y que en ella fueron muy importantes su mujer, Marcela Topor, cuatro mossos, entre los que se encontraba Lluís Escolà, célebre por acompañarlo en buena parte de su periplo europeo, y el empresario y amigo personal de Puigdemont Josep Maria Matamala.
Poco después de que el entonces presidente Mariano Rajoy anunciase la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Puigdemont, su esposa y sus dos hijas se fueron a su domicilio de la urbanización Golf de Girona, en Sant Julià de Ramis.
Allí comenzó una huida en coche que finalizaría en Marsella, donde el expresident se reunió con los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Los dos primeros continúan hoy en Bruselas; los otros dos permanecieron pocos días en la capital comunitaria y volvieron a España, donde hicieron frente a sus causas judiciales.
Puigdemont embarcó en un vuelo de Ryanair rumbo a Bruselas y un día después, el 31 de octubre, compareció ante cientos de periodistas de todo el mundo para anunciar que su decisión venía propiciada por su ánimo de "hacer evidente el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la justicia española". El líder de Junts fijaría su residencia pocos días después en una mansión de 500 metros cuadrados en Waterloo que más tarde denominaría la "Casa de la República".
Su entrega a la Justicia belga y sus dos detenciones
El 3 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela emite una euroorden contra Puigdemont y los exconsellers huidos de la Justicia Española. El líder posconvergente decidió entregarse el día 5 en un juzgado de Bruselas, cuyo titular lo dejó en libertad con medidas cautelares.
Un mes después, y ante el temor de que la Justicia belga anulase parcialmente la euroorden, con la causa ya elevada al Supremo, el juez Llarena decidió retirarla, aunque volvió a activarla poco después.
Eso ocurrió el 5 de diciembre, y el 21 Puigdemont encabezó la lista de Junts en las elecciones convocadas por el Gobierno central, en las que, a pesar de ganar Ciudadanos, el bloque independentista consiguió mayoría absoluta. El 22 de enero de 2018, el entonces presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, lo propuso como candidato a la Presidencia de la Generalitat, aunque cinco días después el Tribunal Constitucional anuló una hipotética investidura a distancia.
Tras renunciar a su pretensión de volver a ser president, Puigdemont sería detenido en dos ocasiones. La primera, en Alemania, el 25 de marzo de 2018, cuando cruzaba en coche la frontera desde Dinamarca, en virtud de la nueva euroorden emitida por el juez Llarena.
Lo que el magistrado se temía que podía pasar si mantenía vigente la medida impulsada por la Audiencia Nacional a principios de noviembre acabó sucediendo: Puigdemont pasó diez días en una cárcel de Neumünster, hasta que la Justicia alemana lo dejó en libertad provisional tras descartar que el líder independentista cometiese un delito de rebelión.
El 12 de julio las autoridades teutonas comunicaron al juez Llarena que facilitarían la entrega a España de Puigdemont, pero solo para que fuera juzgado por un delito de malversación, algo que el magistrado rechazó. De esta manera, anuló una vez más la euroorden.
El 22 de septiembre de 2021, con otra orden internacional de captura dictada por el Tribunal Supremo, el expresident de la Generalitat fue detenido por segunda vez en Cerdeña (Italia). El juez lo dejó en libertad provisional al día siguiente alegando que gozaba de inmunidad para desplazarse por cualquier territorio comunitario.
Su inmunidad tras entrar en la Eurocámara
Precisamente, su condición de inmune tras convertirse en europarlamentario después de las elecciones comunitarias de 2019 ha sido uno de los asuntos más polémicos de estos casi siete años que Puigdemont lleva fuera de España y ha estado permanentemente en manos de los tribunales.
Junts logró casi un millón de votos en los comicios europeos del 26 de mayo que se tradujeron en dos escaños. Como cabeza de lista, el expresident de la Generalitat tenía asegurada su presencia en el pleno de Estrasburgo. No obstante, el 17 de junio el Parlamento Europeo no permitió que recogiese su acta al no haber viajado a Madrid para acatar la Constitución.
El líder independentista decidió entonces, junto a Toni Comín, recurrir esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... y este les dio la razón: el 19 de diciembre el ente judicial dictó que la condición de europarlamentario se adquiere desde el momento mismo de proclamación de los resultados de los comicios.
El 13 de enero de 2020, Puigdemont ocupó por primera vez su asiento en el Parlamento Europeo, que recurriría la decisión judicial. En julio de 2023, el Tribunal General de la UE retiró la inmunidad al expresident y a Toni Comín, aunque la causa todavía no está cerrada, ya que ambos están pendientes de que el TJUE resuelva el recurso que presentaron. Ello, a pesar de que Puigdemont decidió no presentarse a los comicios comunitarios de junio de 2024 y ya no es eurodiputado.
La creación del Consell de la República
Puigdemont materializó su deseo de "hacer evidente el problema catalán en el corazón institucional de Europa" con la creación del Consell de la República, una suerte de Gobierno catalán en el exilio. Se trata de una entidad privada sostenida por donaciones particulares cuyo objetivo principal es promover la causa independentista.
El líder de Junts lo puso en marcha en octubre de 2018 y en poco tiempo llegó a tener más de 100.000 afiliados. Además de la organización de numerosos actos por la independencia, el Consell de la República ha impulsado otras curiosas medidas, como la creación de un carné de identidad catalán que costaba 12 euros y que no tenía más función que la puramente simbólica, puesto que no puede realizarse ningún trámite con él.
No obstante, el Consell vive hoy sus horas más bajas después de que la asociación belga CatGlobal ASB, que da cobertura jurídica y económica a la organización, denunciase que su vicepresidente, Toni Comín, ha utilizado fondos de la entidad para hacer frente a "gastos personales". Una supuesta irregularidad que el Consell dijo hace un mes que investigaría.
Otro de los episodios que revelan la escasa seriedad de la organización presidida por Puigdemont se vivió en octubre, cuando se sometió a una consulta el apoyo del líder independentista a la investidura de Pedro Sánchez. Con un irrisorio 4% de participación, se decidió que no lo hiciera. Junts, como se demostró en noviembre de 2023, acabó apoyándola.
La foto con Cerdán y la amnistía
Tras la fallida investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en septiembre de 2023, el PSOE puso de manera oficial toda su maquinaria a trabajar para conseguir que Pedro Sánchez continuase en la Moncloa.
Los socialistas rechazaron de plano una hipotética amnistía a los líder del procés tras las elecciones del 23 de julio, pero la concesión de la medida de gracia acabó siendo la base de las negociaciones con los independentistas.
El 30 de octubre trascendió una fotografía inédita: la de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, junto a Carles Puigdemont en Bruselas. Ferraz dejaba atrás entonces su estrategia de mutismo y comenzaba a hablar abiertamente de una amnistía en pos de "la convivencia" en España.
Puigdemont se legitimaba entonces como interlocutor esencial en las conversaciones de cara a la conformación de un nuevo Gobierno, y en el acuerdo firmado por Junts y PSOE los independentistas consiguieron que en Ferraz admitiesen que en España podría haberse dado casos de lawfare (politización de la justicia) contra los líderes del procés.
En cualquier caso, las negociaciones no fueron fáciles, y la proposición de ley de amnistía tuvo que ir modificándose a medida que se impulsaban nuevas decisiones judiciales, como la del juez de la Audiencia Nacional García Gallardo de investigar a Puigdemont por un delito de terrorismo al considerar que estaba detrás de la actuación de la organización Tsunami Democràtic. Una causa que ha terminado archivándose por un error procesal.
Finalmente, en la norma quedó recogido que los delitos de terrorismo también quedarían amnistiados siempre y cuando "no vulnerasen los derechos humanos", una especificación no exenta de polémica, como tampoco lo estuvieron las actuaciones judiciales.
El 30 de mayo de este año, el Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la ley de amnistía tras su paralización y posterior devolución por parte del Senado a la Cámara Baja. El 11 de junio se publicó en el BOE y algunos de los condenados por el procés comenzaron a ser amnistiados, como el exconseller de Interior Miquel Buch y el exescolta de Puigdemont, Lluìs Escolá. Pero también los 46 policías procesados por las cargas del 1-O.
No obstante, a pesar de la insistencia tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía General, la aplicación de la amnistía en las causas pendientes en el Supremo está por ver después de que el Alto Tribunal no vea perdonables los delitos de malversación de los líderes del procés y haya planteado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Las elecciones catalanas y su posible vuelta
Antes de la entrada en vigor de la ley, el 12 de mayo se celebraron en Cataluña unas elecciones históricas, puesto que por primera vez en más de 40 años el bloque independentista no sumaba mayoría. Los comicios los ganó el socialista Salvador Illa, que con toda probabilidad será investido este jueves.
Como candidato de Junts a la Presidencia de la Generalitat se presentó Carles Puigdemont, que iba dejando cada vez más claro que su vuelta a España estaba más cerca que nunca. El expresident fue el segundo más votado y se quedó a siete escaños de los socialistas.
No obstante, Puigdemont comunicó decididamente que su intención era presentarse a la investidura puesto que consideraba que podía aglutinar "una mayoría coherente" para volver a ser presidente. Una mayoría que el líder de Junts no ha estado ni cerca de conseguir y que sí ha logrado Salvador Illa.
Puigdemont podría capitalizar de nuevo el foco informativo si el mismo día de la investidura del socialista pone un pie en territorio español y, por tanto, es detenido.
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