Uno de cada 4 euros del gasto público se emplea en pagar a los funcionarios

La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) advierte de que va a ser necesario un "replanteamiento" del empleo público y de la remuneración de los asalariados si se quiere sanear las cuentas de las administraciones.  Un estudio de esa organización asegura que las partidas de personal en el sector público suponen el 25,89% del gasto público total.

El artículo Empleo público y consolidación fiscal publicado en el último número de los Cuadernos de Información Económica de FUNCAS asegura que el empleo público ha crecido un 26,97% entre 1998 y 2009, una expansión que se ha producido sobre todo en las administraciones autonómicas y en los ayuntamientos.

En términos absolutos, número de funcionarios se ha incrementado en 564.967 efectivos entre 1998 y julio de 2009, pasando de 2.094.043 personas a 2.659.010.

FUNCAS también ha hecho pública este martes una encuesta en la que se asegura que tres cuartas partes de la población cree que el Gobierno está gestionando mal la crisis.

Así, el crecimiento medio por año del empleo público ha sido en ese periodo del 3,79%, si bien en el caso de la Administración central se ha reducido el 3,14% de media en cada ejercicio, mientras que en las comunidades autónomas ha aumentado el 9,41% y en los ayuntamientos, el 3,44%.

En la Administración central el número de funcionarios ha sido reducido en 302.590 personas, pasando de los 886.037 contratados en 1998 a los 583.447 en 2009. Por el contrario, en el mismo periodo se ha pasado en las Comunidades Autónomas de 677.160 funcionarios en 1998 a 1.345.577 en 2009, un aumento de 668.417 personas.

Más funcionarios autonómicos

Sobre estas fuertes diferencias, el autor de este estudio, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Miguel González Moreno, explica que mientras la administración central ha sufrido un drástico recorte de empleados en el proceso de descentralización, el aumento del personal en la autonómica no se ha debido sólo a este hecho.

Así, denuncia que en las comunidades se han tomado además "decisiones discrecionales", mientras que en los ayuntamientos la buena coyuntura económica ha hecho que aumentarán sus efectivos humanos, aunque sus retribuciones "no están e consonancia con la capacidad y solvencia de las haciendas locales".

El artículo admite que cualquier ajuste en el empleo y la remuneración de los trabajadores de las administraciones "tendría un efecto cuantitativo considerable" sobre las cuentas.

Sin embargo reconoce que cualquier estrategia debe sopesar el impacto que tendría dicho ajuste sobre el mercado de trabajo, ya que el empleo en el sector público (administraciones y empresas públicas) supone el 14,6% del total, y sólo el de las administraciones es el 13,82%.

En concreto, considera que una reducción del empleo público afectaría más a las comunidades en las que éste tiene un mayor peso, entre las que cita Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León, Asturias, Aragón, Andalucía y Galicia.

Por comunidades

Extremadura, Aragón y Madrid son las comunidades autónomas con más empleados públicos por cada mil habitantes, según el estudio de la fundación.

Así, de cada mil personas que viven en Extremadura, 90 trabajan en las administraciones públicas, en tanto que en Aragón la tasa es de 77 y en Madrid de 74, frente a una media nacional de 64. En el caso de la ciudad autónoma de Melilla la proporción aún es mayor, con 105 funcionarios públicos por cada mil habitantes, mientras que en Ceuta la cifra es de 86.

Frente a esas tasas, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares cuentan con el menor índice de empleados públicos por mil habitantes, con 50 en los dos primeros casos y 56 en el tercero.