La Agencia Tributaria vincula a cargos del PP con el desvío de fondos en 'Gürtel'

Un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso Gürtel, la trama de corrupción política que salpica al PP y cuyo secreto de sumario ha sido levantado parcialmente este martes, apunta indicios de la participación de algunos cargos del PP, como el ex eurodiputado Gerardo Galeote o el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales.

La implicación de los dos altos cargos del PP es parte de la información hecha pública tras el levantamiento del secreto del sumario, que se ha podido hacer este martes por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras superar varios problemas técnicos.

Las siguientes son algunas de las principales informaciones sobre la trama, cuyo presunto cabecilla es Francisco Correa, conocidas tras el levantamiento del sumario:

El informe de la Agencia Tributaria, fechado el 30 de julio de 2009, analiza la contabilidad opaca de la trama de corrupción y dice que Bárcenas "podría haber utilizado" para ello a la empresa RUSTFIELD TRADING LIMITED y que Galeote "se benefició" de la estructura de AWBERRY LICENSE.

Según documentos del sumario, la Policía también da por hecho que Bárcenas recibió 1,3 millones de euros de la trama. Los investigadores no albergan dudas de que las anotaciones "LB", "L.Barc" o "Luis el Cabrón" que aparecen en la "contabilidad B" de la trama corresponden al senador del PP por Cantabria Luis Bárcenas, que supuestamente recibió 1,3 millones de euros.

El informe de la Agencia Tributaria ha sido realizado a partir de los documentos intervenidos en el domicilio del imputado José Luis Izquierdo, hombre de confianza de Correa, que controlaba el dinero de la "caja B" de la trama. "Se han encontrado indicios de utilización por parte de algunas de estas personas de la estructura de ocultamiento de los bienes de Francisco Correa", señala el documento.

Respecto de Bárcenas, el informe especifica que a partir de 2004 el ex tesorero del PP parece "desvincularse claramente" de la red, aunque todavía el 5 de junio de 2007 recibió una entrega de 72.000 euros anotada en esa "caja B", que el conglomerado empresarial de la organización tenía en Madrid.

Además explica que la documentación incautada ha confirmado la existencia de una "tesorería oculta" que gozaba de un gran "secretismo" y que, probablemente, sólo era conocida por Correa, el ex secretario de organización del PP gallego y número dos de la red, Pablo Crespo, y José Luis Izquierdo.

En la investigación se ha apreciado que la trama fue aumentando paulatinamente la ocultación de las identidades de las personas que recibían pagos de esa "caja B" y que, mientras hasta 1998 se identifica con nombres y apellidos a quienes reciben ingresos, después de esa fecha comienzan a utilizar iniciales.

Además, al principio las participaciones o acciones en empresas estaban en poder de personas físicas concretas con residencia fiscal en España, aunque a partir de 1999 se produce su transferencia "off-shore" y pasan a estar bajo la titularidad última de sociedades en paraísos fiscales.

Se trata de sociedades, según el informe, domiciliadas en la isla caribeña de Nevis, que encubren la titularidad real de las empresas españolas participadas por Correa.

El informe ha constatado que los "donantes" conocidos de Correa fueron personas vinculadas a empresas como Fomento Construcciones y Contratas S.A, Tecnología de la Construcción, Constructora Hispánica o SUFI, entre otras, que han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de las comunidades de Madrid y Castilla y León.

La investigación de la Agencia Tributaria también concluye que existía un "grado elevado" de colaboración entre los beneficiarios de los repartos y una distribución paritaria del dinero entre cuatro o cinco personas, y cita entre ellas a Correa, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepulveda, Gerardo Galeote, el diputado del PP Jesús Merino y Luis Bárcenas.

Bárcenas, Galeote, Merino y Sepulveda podrían haber tenido también el papel de "intermediarios principales" de la organización de Correa, durante los años 2002 y 2003, según la Agencia Tributaria.

El sumario también ha revelado la existencia de "financiación irregular" de actos del PP valenciano, con dinero de empresarios a los que se adjudicaban contratos "como contraprestación a los favores realizados para la formación política".

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluye en un informe que "existe una financiación de actos del PP de la Comunidad Valenciana por parte de empresarios siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido".

En el PP gallego también hubo irregularidades financieras. La formación pagó en dinero B más de la mitad de los actos celebrados entre abril de 1996 y septiembre de 1999, período en el que el número dos de la trama, Pablo Crespo, fue secretario de organización, según un informe policial.

Durante este período, más de 3,2 millones de euros fueron facturados al PP de Galicia en dinero "negro", según la documentación intervenida en una caja de seguridad de una entidad bancaria de Pontevedra cuyo titular era Crespo.

En el sumario obra la declaración del presunto líder de la trama, que prestó ante el TSJM el 30 de abril de 2009. En ella, Correa sostiene que todos los actos que organizaron sus empresas para el PP nunca se dieron "a dedo" y que "jamás" ha pagado a miembros de ese partido o cargos públicos para conseguir alguna contratación.

"Jamás, jamás. Hemos conseguido siempre que nos dieran trabajo por presentación y por precio y por calidad y por precio, y normalmente, hemos estado siempre en concursos con otras empresas, generalmente en concursos. Nunca se dan esas cosas a dedo", respondió Correa a preguntas de las fiscales anticorrupción. (Consulta en PDF parte de la declaración de Correa)

La investigación judicial revela ramificaciones de la trama de Gürtel en Reino Unido, Suiza, EE UU, Colombia, Holanda y Panamá, según un organigrama que obra en la causa que detalla el mapa de toda la red de empresas destinadas a mover el dinero captado por Correa de adjudicaciones de contratos públicos en territorios gobernados por el PP.

El documento cita hasta 11 sociedades ubicadas en el exterior: Willow Investments SA, Grosvenor Administration LTD, Grosvenor Secretaries LTD, Windrate LTD, Bladex Finance, Olinda Investment, Bellavita Holding BV (todas ellas en Londres), Rustfield Trading Limited (Isla de Man), Pacsa Limited (Isla Nevis), Clandon BV y Lubag NV (Holanda).

Otro de los implicados, el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, también recibió dinero de los desvíos a paraísos fiscales, según el informe de Hacienda. Correa también le proporcionó trajes alegando que el ex regidor "es uno de esos alcaldes que no saben vestir".

Según la Agencia Tributaria, "algunas de las personas con responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid podrían haber utilizado también estructuras off-shore", entre ellos González Panero, que figuraba en un apunte de la "caja B" del 22 de mayo de 2007 como beneficiario de un reparto para su envío a América.

El informe apunta la posibilidad de que el destino de ese envío pudiera ser Miami, donde el cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, invertía parte de su beneficio. También señala que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega "pudiera ser" otra de las personas que participa en las estructuras de ocultamiento "off-shore".

Orange Market, una de las principales empresas del entramado financiero de la trama y con sede en Valencia, ingresó en el año 2008 casi cuatro millones de euros que no declaró a la Agencia Tributaria, de acuerdo con un informe incluido en el sumario.

Según la documentación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Orange Market ingresó a lo largo de 2008 alrededor de 3.900.000 euros que sin embargo no declaró. Estos ingresos están relacionados con servicios prestados a empresas relacionadas con la construcción o la organización de eventos.