CC.OO. y Centaurea destacan que la decisión del TUE deja claro que la adjudicación a Iberpistas de la A-6 fue "ilegal"

CC.OO. y Centaurea, las organizaciones que denunciaron la adjudicación de las ampliaciones de la autopista A-6 en 1999, destacaron que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) deja "meridianamente claro" que la adjudicación del Gobierno del PP a Iberpistas "incumplió la directiva sobre contratación pública y que fue "ilegal".

En un comunicado recogido por Europa Press, ambas organizaciones subrayaron que el máximo tribunal en materia de derecho comunitario, que prevalece sobre los propios Tribunales nacionales, afirma la "improcedencia" de la adjudicación, lo que cuestiona en su integridad la concesión a Iberpistas "ya que el contrato está formado por un todo que se desequilibra al declararse la ilicitud del procedimiento".

Tras resaltar las "responsabilidades" que el entonces Gobierno del PP asumió al adjudicar a Iberpistas la ampliación de la autopista A-6, con especial incidencia en Jesús Merino y Ángel Acebes, "que vendieron el proyecto como una conquista para Segovia y Ávila", consideraron que "es el momento" de que esos políticos y el PP de Ávila y Segovia "asuman el gravísimo error cometido y el perjuicio infringido a estas provincias, con un lastre de peajes que se ha visto incrementado notablemente precisamente por las obras adicionales finalmente introducidas en la adjudicación".

Asimismo, CC.OO. y Centaurea lamentaron el hecho de que se hayan necesitado diez años "para llegar a una conclusión tan evidente como injusta desde el primer momento" y recordaron que desde un principio sostuvieron que la adjudicación "obedecía a un acuerdo para prorrogar la gestión de los accesos a Madrid (desde todo el noroeste) en beneficio de Iberpistas, y que los ramales de Ávila y Segovia eran la coartada para conseguir la prórroga de la concesión del túnel de Guadarrama, verdadero objetivo de la operación".

También creen que se trata de un asunto que marcará el futuro de las adjudicaciones públicas en la UE puesto que es el primer caso en el que se cuestiona la concesión de una autopista, "indudablemente y con especial repercusión en España", y apuntan que el Tribunal Supremo español "recibe un repaso con esta sentencia" ya que en su día estimó que no se había incumplido la Directiva 93/37.

"Ahora se le corrige, por lo que habrá de tomar en consideración la normativa europea sobre contratación pública e integrarla en sus decisiones", concluyeron las mismas fuentes.