La Comisión Europea exige a España que empiece a cobrarle el IVA a la Iglesia

La Comisión Europea enviará un último aviso a España, antes de la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, para que acabe con la exención que aplica a la Iglesia Católica en el pago del IVA sobre bienes muebles e inmuebles que compra o recibe y que estén relacionados con la actividad religiosa

En España, la Iglesia Católica está exenta del pago del IVA sobre los bienes que le son suministrados y que están expresamente relacionados con la actividad religiosa, como es el caso de los altares, las velas o los bancos, explicó a una portavoz comunitaria.

La Comisión considera que esta exención "no está autorizada según el régimen del IVA de la Comunidad Europea establecido en la Sexta Directiva del IVA".

Por ello, en el "dictámen motivado" -segundo paso en el procedimiento de infracción-, se pedirá a España que modifique el trato dado a las entregas de bienes con destino a la Iglesia Católica para que se adapte al derecho comunitario.

Según el Ejecutivo de la UE, España debe modificar "ciertos compromisos fiscales que contrajo con arreglo al 'Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos'", de 3 de enero de 1979. Por su parte, España sostiene que ese Acuerdo "le obliga a aplicar una exención del IVA a determinadas entregas de bienes con destino a la Iglesia Católica", mientras que la Comisión considera que esa medida "no está autorizada" por la legislación comunitaria.

Durante las conversaciones mantenidas por Bruselas con España, le ha señalado la obligación de que modifique esa exención para que sea conforme a las normas comunitarias, pero al tiempo le ha indicado que puede ofrecer "otro tipo de concesiones financieras a la Iglesia", lo que por el momento no ha aceptado, explicó la portavoz.

Esta solución ya fue utilizada por Portugal, que mantenía una exención similar con la Iglesia, que modificó cuando se lo pidió la Comisión y que sustituyó por otro tipo de concesiones, agregó. La Comisión insiste en que la eliminación de esa exención "no impedirá a España pagar cierta compensación financiera a la Iglesia Católica a cambio de los impuestos que deberá pagar a las autoridades fiscales españolas".

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