Aprobada la reforma laboral tras pactar endurecer las causas del despido barato

La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, casi fuera de plazo, el proyecto de ley para la reforma laboral, al que se han añadido 33 enmiendas que incluyen la posibilidad de despidos baratos por "pérdidas previstas o por la disminución persistente de los ingresos". Ambas condiciones justificarán una indemnización de 20 días por año trabajado cuando las empresas atraviesen una "situación económica negativa".

El proyecto de Ley enmendado sólo ha recibido el apoyo del PSOE, en tanto que CiU, PNV y Mixto se han abstenido, y PP y ERC-ICV-IU han votado en contra. Al actuar con competencia legislativa plena, no es necesario que el texto sea ratificado en el pleno, con lo que ahora se envía directamente al Senado.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que las causas de despido quedan "más y mejor" determinadas en la ley gracias a las enmiendas. De hecho, en una de estas enmiendas, por primera vez, el PSOE concreta las causas económicas del despido, tal y como le habían pedido los partidos, empresarios y sindicatos.

El primer texto sobre las causas que justifican el despido objetivo (el más barato, 20 días por año trabajado) produjo un gran enfado a los sindicatos. Decía que las empresas "con situación económica negativa" podrán recurrir a este despido por algunas de estas tres causas: situación de pérdidas, disminución relevante de beneficios y falta persistente de liquidez.

Los socialistas han logrado pactar una enmienda con el PNV que endurece estas condiciones. La enmienda incluye la previsión de pérdidas a futuro o la disminución persistente de los ingresos que puedan poner en riesgo la viabilidad de la empresa, como causa de despido.

En concreto, la enmienda dice que "se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Y añade que "a estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado".

El decreto ley de la reforma laboral aprobado por el Gobierno se limitaba a decir que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa "se desprenda una situación económica negativa".

Reacción de los sindicatos

Tras la aprobación de la reforma, CC OO y UGT han denunciado que el texto es el "mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años" y destacan que esto se ha llevado a cabo por un gobierno "socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales". En un comunicado conjunto, afirman que la reforma que sale del Congreso "facilita" a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, "haciéndola más fácil, más rápida y más barata".

Por ello afirman que la huelga general que han convocado conjuntamente para el próximo 29 de septiembre se hace, "si cabe, más necesaria".