La morosidad se ha convertido en el mayor problema para las comunidades de vecinos

Según la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta),el 18% de las comunidades de propietarios en España sufrieron un impago por parte de algún vecino durante el pasado año 2009. La morosidad se ha convertido en el mayor problema para las comunidades y la mayoría de estas situaciones se dan en casos de desacuerdo con reformas o cambios en los elementos comunes.

Que uno de los vecinos se retrase en los pagos o se niegue a pagar puede hacer que se frenen las actividades u obras que la comunidad quiera o necesite llevar a cabo y que sean el resto de los vecinos quienes tengan que cargar con el presupuesto.

Para evitar que ocurra, lo primero que hay que hacer es convocar una junta extraordinaria con motivo de liquidar las cuentas que los vecinos tengan con la comunidad. Hay que notificar al vecino moroso que debe pagar su deuda y la mejor forma de hacerlo es mediante un burofax que permita tener constancia de su recepción.

Si una vez notificada la deuda el moroso se niega a pagar, la comunidad puede iniciar un proceso judicial, interponiendo una demanda contra él, en un plazo de tres meses después de celebrar la junta, en el Juzgado de Primera Instancia de la localidad. Para llevar a cabo el proceso judicial no es necesaria la presencia de un abogado o procurador, pero es recomendable para evitar errores.

Si el deudor no paga o no aparece en el juicio, el juez podrá dictar un acto de ejecución contra sus bienes. Si se presenta pero se niega a pagar, se puede dictaminar el embargo preventivo de su piso hasta que se liquide la deuda. La morosidad también puede venir de los inquilinos de una vivienda alquilada. En este caso, lo primero que debe hacer el arrendador es hablar directamente con el arrendatario y pedirle una explicación del impago.

Si los retrasos se producen a menudo y no hay una explicación razonable para ellos, conviene tomar cartas en el asunto, como terminar con el contrato de alquiler para que la situación no vaya a peor, ya que el procedimiento judicial de desahucio puede durar hasta 6 meses. Éste puede lograr que el moroso pague el dinero que debe, pero es un proceso largo y que no da completa seguridad al casero.