Pedro Martín, el polémico juez que pone cara a cara mujeres violadas con el acusado

"Insensible", "prepotente", "morboso". Sobran los descalificativos con los que la prensa y las víctimas definen al magistrado Pedro Martín García (Madrid, 1947), polémico por obligar a las mujeres violadas, menores incluidas, a declarar frente a su supuesto agresor sin la protección de una mampara o cortina.

El juicio de este miércoles no ha sido una excepción. Las víctimas, menores de edad cuando fueron presuntamente violadas, tuvieron que declarar a sólo tres metros del acusado. Lo mismo ocurrió en 2005, cuando cuatro niñas fueron obligadas a prestar declaración ante su profesor de kárate, enjuiciado por abusos y finalmente absuelto.

Pero estos no son los únicos casos polémicos que ha protagonizado, durante sus 30 años de carrera judicial, Pedro Martín, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria. En 2003, declaró a un albañil culpable de quedarse tetrapléjico tras caerse de un andamio y, en 2004, fue investigado por la Justicia por haber dejado en libertad al violador de Martorell un mes antes del juicio. También excarceló, en 2009, al segundo violador del Eixample un día antes de que se tuviese que sentar en el banquillo.

Tras estos hechos, hay quien pide al Consejo General del Poder Judicial que expediente o prejubile al magistrado. Sus defensores dicen que es riguroso, aunque "tosco en el trato y las sentencias".

Sus casos más polémicos

22 de septiembre de 2010: Prohíbe a las víctimas de un presunto violador, menos a una que aún es menor de edad, que declaren tras una mampara. Las jóvenes, cuatro de las cuales eran menores cuando sucedieron los hechos, son obligadas a prestar declaración a tan sólo tres metros de su presunto agresor. Pese a que lo hacen de espaldas al acusado, Sigredo B. L., muchas se derrumban durante su intervención. De hecho, el magistrado pidió a una de las chicas que precisara si el procesado le introdujo "uno o dos dedos" en la vagina. Sigredo está acusado de cuatro delitos de agresión sexual con uso de arma, cuatro de agresión sexual en grado de tentativa y uno de lesiones, ocurridos en tan sólo diez meses en Esplugues de Llobregat y Manresa.

17 de junio de 2009: Excarcela al conocido como el segundo violador del Eixample, Alejandro Martínez Singul, acusado de intentar agredir sexualmente a dos mujeres, justo un día antes de que se sentase en el banquillo. El juez mantiene que "Singul enseñó el pene a dos mujeres. Una acción que ni siquiera es un delito de exhibicionismo, al ser las dos mujeres mayores de edad".

18 de mayo de 2005: Decide que las cuatro niñas presuntas víctimas de los abusos sexuales de su profesor de kárate declaren a escasos 10 metros de su agresor, sin la protección de una mampara. Pese a los informes desfavorables de los psicólogos, el magistrado reitera la necesidad de una confrontación visual entre el procesado y las menores. Una de ellas sufrió una crisis nerviosa al saber que lo vería y se negó a declarar. Francisco C. S. estaba acusado de abusar de las cuatro niñas, de 6 a 9 años, entre 2001 y 2003 en las escuelas públicas L'Olivera (Cabrils) y Cirera (Mataró).

22 de julio de 2005: Absuelve al profesor de kárate acusado de agredir sexualmente a cuatro niñas "por falta de pruebas determinantes".

23 de noviembre de 2004: El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya investigan a Pedro Martín y a sus dos compañeros de Sección, los magistrados Javier Arzua y José Carlos Iglesias, por haber dejado en libertad el 31 de octubre al violador de Martorell, Tomás Pardo, un mes antes de que se celebrase el juicio contra él. Estaba acusado de violar a dos mujeres e intentar matar a una de ellas, Lucía Murillo. Ésta, tras ser violada y haber recibido un navajazo en el cuello, tuvo que llevar protección policial las 24 horas del día.

6 de noviembre de 2003: Declara a un empleado culpable de quedarse tetrapléjico tras caerse de un andamio mientras trabajaba. Enrique Pociños resbaló en el andamio de una obra en Premià de Mar (Barcelona), se cayó desde una altura de 3,5 metros y se partió la columna. El juez aseguró que la víctima de este accidente laboral era la única responsable de haber aceptado un empleo peligroso para su integridad física. Debido a ello, le negó el derecho a reclamar una indemnización a su antigua empresa. El fallo de la Audiencia de Barcelona era en segunda instancia, por lo que no era posible recurrirlo. Una primera sentencia había condeando al empresario y al arquitecto de la obra a un año de prisión para cada uno y al pago de una indemnización de 380.000 euros por infringir las normas de seguridad laboral.