'Gürtel', 'Guateque' y otras operaciones contra la corrupción de los políticos madrileños

El juez Baltasar Garzón y diez de los imputados en el 'caso Gürtel', muchos de ellos madrileños.

Corrupción, fraude fiscal, tráfico de influencias... De estos y muchos otros delitos están acusados decenas de políticos que copan el panorama político madrileño. Tanto PP como PSOE, cuentan entre sus filas con cargos públicos implicados en dudosas adjudicaciones urbanísticas y turbias concesiones. Sin embargo, gran parte de estos casos aún están a la espera de una resolución judicial. Una excepción sería el proceso contra Trinidad Rollán, 'número dos' del PSM, quien este jueves fue condenada a ocho años de inhabilitación por prevaricar cuando era alcaldesa de Torrejón de Ardoz.

'Operación Gürtel'

La trama que más cargos públicos engrosan, más de 60. Según el auto del juez Baltasar Garzón, los miembros de la red corrupta les entregaban "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no usaban las mismas prácticas". Esta trama, liderada por Francisco Correa, operaba al parecer en varios municipios de Madrid, así como en Valencia y en localidades de la Costa del Sol. Pero es en la capital, bajo la instrucción del magistrado Antonio Pedreira, donde más dimisiones ha costado:

Alberto López Viejo: ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, abandonó el PP cuando se descubrió su implicación en la trama: "Alberto (López Viejo) se lleva un parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo", aseguró Correa en una conversación grabada con uno de sus socios.
Alfonso Bosch Tejedor: el magistrado Pedreria imputó a Alfonso Bosch, diputado 'popular' de la Asamblea de Madrid, los delitos de cohecho, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental bajo una fianza de 750.000 euros. Este diputado organizó la boda de Ana Aznar, hija del ex presidente, en el año 2002.
Benjamín Martín Vasco: otro diputado del Partido Popular en las cortes regionales cuya fianza ascendió a la astronómica cantidad de 955.000 euros. Tras ser imputado, Martín Vasco se acogió a su derecho a no declarar durante el juicio, amparándose en el artículo 24 de la Constitución española.
Jesús Sepúlveda: ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Sepúlveda cobró una asignación mensual fija "durante un gran periodo de tiempo" de la organización corrupta, según un informe de la Agencia Tributaria. Ni él ni su mujer por aquel entonces, Ana Mato, hicieron la declaración de la renta de 2000 y 2007.
Arturo González Panero: el ex regidor de Boadilla del Monte está acusado de llevarse 642.000 euros en sobornos de la trama de Correa. Al parecer, sería el alcalde que más dinero en negro habría aceptado. El actual alcalde de esta localidad, Juan Siguero, también está implicado en el caso Gürtel, acusado de perdonar una multa de 2,2 millones a una de las empresas de la red.

'Operación Guateque'

Tras este curioso nombre se esconde una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias para locales de ocio o retrasar expedientes sancionadores a los mismos. A cambio de una cantidad que oscilaba entre los 6.000 y los 30.000 euros, los empresarios conseguían abrir sus establecimientos en apenas unos días.

Victoriano Ceballos: el supuesto cerebro de la operación Guateque y jefe de Impacto Medioambiental del Consistorio de la capital, cobró dinero por sacar adelante estas licencias. En una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil, uno de los 24 empresarios imputados le pidió "un kilito" para repartirlo en "2.500 euros cada uno" ya que los otros 1.000 euros eran "para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito".
Luis Armada: el viceconsejero de Transportes también tuvo que declarar como imputado ante el juez Santiago Torres, que lidera la investigación, por su labor entre 1997 y 2003 al frente de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio de la capital, cuando Álvarez del Manzano era el alcalde. Durante esos años otorgó alrededor de 36.000 licencias.

Ciempozuelos

Un caso que implicó a dos alcaldes socialistas, acusados de cobrar comisiones para la recalificación de unos terrenos e ingresar elevadas sumas de dinero de dudosa procedencia en un banco de Andorra.

Joaquín Tejeiro: ex edil socialista de Ciempozuelos que reconoció haber falsificado la firma de una promotora para justificar la procedencia de 100.000 euros y admitió que ingresó esta cantidad en una cuenta de Andorra para no tener que explicar de dónde los había sacado. También está acusado de pactar una comisión de 40 millones de euros por lograr una recalificación.
Pedro Antonio Torrejón: sucesor de Tejeiro, pagó una fianza de 900.000 euros para poder salir de la cárcel tras irregularidades en varias recalificaciones. Dimitió como alcalde de esta localidad tras pedírselo expresamente el secretario de Organización del PSM-PSOE en esa época, Andrés Rojo.

Pinto

La primera edil de la localidad fue acusada de prevaricación, junto con una de sus familiares, una de las infracciones más graves que puede cometer un cargo público.

Miriam Rabaneda: ex alcaldesa del PP, fue imputada junto a su hermana Tamara, concejala de Hacienda en su gobierno, por un delito de prevaricación por encontrar durante su mandato gastos sin consignación presupuestaria y fraccionamiento de pagos y facturas sin aprobación previa.

Alcobendas

El hermano de la periodista Cuca García de Vinuesa fue acusado, además de prevaricación, por realizar una mala gestión de los fondos públicos de su Ayuntamiento.

Ignacio García de Vinuesa: el actual alcalde de Alcobendas, también perteneciente al Partido Popular, fue imputado por la misma infracción y por mala gestión de fondos públicos, en relación con el supuesto beneficio que el Consistorio habría dado a la constructora Sotohenar en una operación de recompra de dos parcelas municipales vendidas por 24 millones de euros.