Archivada por prescripción la causa contra Julián Álvarez por acoso moral

El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ha resuelto el archivo de la causa en la que figuraba como acusado de un presunto delito contra la integridad moral el exalcalde de Écija y exsecretario general del PA, Julián Álvarez, al considerar que los hechos en cuestión, denunciados por la por entonces directora de un geriátrico municipal, habrían prescrito. La acusación reclamaba una pena de tres años de cárcel para el ex líder andalucista, mientras la Fiscalía solicitaba para él un año y medio de prisión.

El abogado de la ya exdirectora del geriátrico, José Ramón Fernández, ha informado a Europa Press de que en la vista oral celebrada este viernes en el Juzgado de lo Penal número 12, no ha llegado a ser analizado "el fondo" de la causa, surgida a cuenta de las acciones legales promovidas por esta mujer tras ser apartada de su puesto en la primavera de 2002. En el caso, figuraban como acusados Julián Álvarez como alcalde de Écija en el momento de los hechos, el por entonces teniente de alcalde Manuel Lazpiur (PA), la concejal del PP María Teresa Chacón y el que fuera secretario de Organización andalucista Francisco Javier Fernández Franco

Mientras la Fiscalía reclamaba 18 meses de cárcel para cada uno de ellos, la acusación particular, ejercida por la exdirectora del geriátrico, solicitaba tres años de prisión para Julián Álvarez, Lazpiur y Chacón, pero solo dos años para Franco al no ostentar ningún cargo público. Las defensas de los cuatro acusados, según ha explicado José Ramón Fernández, han defendido la prescripción de los hechos bajo la premisa de que habrían transcurrido más de tres años desde los últimos hechos aceptados en cuanto al acoso moral de la denunciante en "abril o mayo" de 2002 y el auto de imputación de los acusados, formalizado en noviembre de 2005.

"No se ha entrado al fondo de la cuestión", ha lamentado el letrado de la acusación particular, quien ha reconocido que el Juzgado ha resuelto el archivo de la causa por prescripción de los hechos pese a que la representación jurídica de la denunciante ha alegado que los actos asociados a esta supuesta campaña de acoso moral se habrían prolongado hasta el mes de febrero de 2003.

No obstante, José Ramón Fernández ha señalado que esta resolución es susceptible de recurso y, a tal efecto, ha anunciado que será impugnada al objeto de que la Justicia examine los hechos.