Si no fuera por la sospecha a elecciones que despierta y que se plantea justo tras presentar los Presupuestos para 2022 sin que haya casi tiempo para los de 2023 –año electoral–, el planteamiento de descentralizar las instituciones de Madrid es acertado. Es más, yo diría que se queda corto y tendría que extrapolarse a autonomías donde han surgido nuevas centralidades.

Esta iniciativa contribuiría a paliar las aglomeraciones en las grandes urbes, al tiempo que combatiría uno de los principales escollos del país: la despoblación. Sin embargo, no hace falta ser un lince para sospechar que la propuesta no se impulsará, al menos en esta legislatura, y puede que en venideras tampoco.

La revolución tecnológica que supone el 5G contribuirá a eliminar el factor distancia como obstáculo para el desarrollo económico y la tecnología se puede convertir en el pilar en el que se sustente la ‘repoblación’ en España.

Más del 86% de los ciudadanos disponen de servicio de banda ancha a velocidades superiores a 100 Mbps en España y la idea es alcanzar el 100% en 2025. Con esta premisa, la falta de cobertura de red dejará de ser una excusa y la descentralización podría ser una realidad si hubiera voluntad real de afrontarla.

En este contexto, ¿tendría sentido que los ministerios se concentrasen en la capital? No. Extrapolándolo a las autonomías, ¿sería lógico agrupar las consejerías en una ciudad? Tampoco.

Este debate, que ya lo intentó abrir Zapatero sin éxito, podría tener más sentido hoy con la digitalización y debería erigirse en un primer paso para subsanar las brechas territoriales en España, siempre que se encare con sentido común y sin afanes electorales.