En el año 2019, en las elecciones autonómicas de Castilla y León, el partido ganador fue el PSOE, con 35 procuradores de 81, siendo el PP el segundo con 29 y tercero Ciudadanos con 12.

Tras 35 años de Gobierno ininterrumpido de la derecha uno podía pensar que el partido inicialmente liberal apoyaría el cambio y daría paso a un nuevo gobierno. Eso no fue así, y como sucedió en Madrid y en Andalucía, el tercer partido le dio el gobierno al segundo, por delante del ganador de las elecciones.

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Eso es el inicio de la historia. Luego vino un gobierno bipartito entre conservadores y el partido inicialmente liberal, que acabó de manera abrupta, como es conocido, con el vicepresidente enterándose por la radio de la disolución del parlamento por parte del presidente de la Junta, en un intento de saltar electoralmente de los 29 diputados a una mayoría parlamentaria en solitario de 41 diputados y quitarse de en medio a su socio.

La elección libre del presidente de la Junta constituye un elemento novedoso en la política autonómica de Castilla y León que hasta entonces pertenecía al grupo de comunidades autónomas que celebraban cada cuatro años, el cuarto domingo de mayo de forma invariable y coincidiendo con las elecciones municipales, sus elecciones autonómicas.

Así, el presidente de la Junta, sin ninguna razón, digamos legal, para hacerlo, y únicamente por intereses partidistas, se acogió a la potestad que la reforma de su Estatuto de Autonomía del 2007 le otorgaba de disolución anticipada de las Cortes y convocatoria de elecciones, como hizo su par en Madrid meses antes.

A diferencia de la Comunidad de Madrid, donde pese a la potestad de adelantar elecciones, el mandato sigue siendo el inicial de cuatro años, por lo que la convocatoria adelantada no implica un nuevo ciclo de cuatro años, en Castilla y León sí se inicia un nuevo ciclo de cuatro años.

Estamos por tanto ante una elección libre, de un presidente que, sin pensar demasiado en los ciudadanos que ha de gobernar, decide convocar con un objetivo personal y electoral, consiguiendo un efecto muy distinto al deseado.

Un presidente que, sin pensar demasiado en los ciudadanos, decide convocar con un objetivo personal y electoral

Los resultados del domingo 13 de febrero arrojaron un pírrico ascenso de 2 diputados para el partido en en el gobierno, lejos del objetivo de subir los 12 necesarios para gobernar con mayoría absoluta, dejándose de paso 60.000 votos por el camino. Bien es cierto que el partido socialista, con una excelente campaña centrada en la resolución de los problemas reales de la gente, sufrió una pérdida de votos que le hizo retroceder 7 escaños, muy posiblemente afectado por la primera irrupción importante a nivel autonómico de partidos vinculados a plataformas de la llamada España vaciada con una agenda propiamente ligada a su territorio provincial.

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Pero lo más llamativo de la jornada fue el casi calcado trasvase de votos entre el socio del PP del pasado hacia el socio del PP del futuro. Ciudadanos, que tenía 12 diputados, pasa a 1, y Vox, que tenía 1 pasa a 13.

La decisión inoportuna, electoralista e imprudente del presidente Mañueco, en ese erróneo cálculo electoral suyo, ha situado la centralidad de la derecha bastantes números más allá de donde estaba, escorando ese lado del parlamento hacia posiciones más extremas.

Es por ello que el futuro de Castilla y León queda en manos de quien de manera temeraria adelantó las elecciones y ha dado alas a la extrema derecha. Por eso resulta curioso que quienes mantienen sin pudor pactos con la ultraderecha en diversas instituciones, ahora lleguen a reclamar la abstención de quienes sí tienen claro que no hay más actitud que el aislamiento político e institucional de los ultras.

Estamos ante el Partido Popular más ultra de los últimos años, intentando bloquear los fondos europeos en Bruselas, bloqueando la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y blanqueando de manera vergonzosa a un partido que en el resto de Europa estaría proscrito.

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Es al PP al que le toca la decisión de asumir sus responsabilidades. ¿Qué PP nos encontraremos? ¿Un PP que diga públicamente que no asumirá la presidencia con los votos o la presencia en el gobierno de la ultraderecha, que es lo que haría cualquier partido conservador de la Europa de nuestro entorno?, ¿o el PP que claudica ante la ultraderecha, agacha las orejas y cede de manera perniciosa a los vientos de poder, aceptando que la primera institución con presencia ultra sea la comunidad más extensa de España?

Mucho me temo que 35 años de poder y 35 de inercias acumuladas, por decir algo suave, incline la balanza hacia el acuerdo con los ultras.

Pero que nadie se engañe, es una decisión producto de una decantación lenta pero inexorable del Partido Popular a nivel estatal, convencido que su única opción de volver a Moncloa es metiendo a Vox en su casa. Es posible que antes de que se den cuenta, Vox les puede haber sacado de su casa y se queden con las llaves.

Viendo cómo flirtea la derecha y la ultraderecha en instituciones como la Comunidad de Madrid, la comunidad de Andalucía, o cómo se producen una alineación de intereses en el Congreso, queda meridianamente claro que la derecha española ha claudicado ante la lucha democrática contra la ultraderecha y ha comprado un marco mental y político muy dañino para la democracia, y totalmente incomprensible en Europa.