Este pasado jueves el Gobierno de coalición daba un paso adelante histórico al alcanzar, en el marco del Diálogo Social, un acuerdo en materia de pensiones que va a restituir la garantía de unas prestaciones dignas para el conjunto de la ciudadanía.
Recordemos por un momento de dónde venimos. La reforma que impuso el Partido Popular en 2013 condenó a las pensiones a perder poder adquisitivo, desconectando su revalorización de la evolución la inflación. España se convirtió en aquel momento, con esa reforma, en uno de los pocos países de la UE cuyas prestaciones ya no se actualizarían en función de la evolución de los precios o los salarios de la economía.
Ahora, y después de una década en la que los y las pensionistas de nuestro país han vivido con la espada de Damocles sobre sus cabezas –viendo con incertidumbre la evolución de las prestaciones– podemos anunciar que las pensiones se actualizarán por ley con el IPC. Con esta medida se traslada certidumbre y tranquilidad a los pensionistas: sus prestaciones no podrán perder capacidad adquisitiva en el futuro.
Además, el Gobierno ha acordado con los agentes sociales eliminar el mal llamado factor de sostenibilidad, que reducía la cuantía de la pensión a medida que incrementaba la esperanza de vida. Este factor, en caso de haber entrado en vigor, habría conllevado un progresivo empobrecimiento de las generaciones que han de jubilarse en las próximas décadas.
Pero el Acuerdo de pensiones que ahora se aprueba no solo deroga la reforma que impuso en 2013 –sin consenso– el Partido Popular. Este acuerdo demuestra además que es posible un cambio de enfoque: se puede reformar sin recortar. En 2013 se hizo descansar sobre los hombros de los pensionistas –presentes y futuros– recortes en las prestaciones para hacer frente al reto de la sostenibilidad del sistema. En esta ocasión, sin embargo, se refuerzan los derechos al tiempo que se fortalece la financiación de la Seguridad Social.
En esta ocasión se refuerzan los derechos al tiempo que se fortalece la financiación de la Seguridad Social
Para ello, la reforma que ahora aprueba el Gobierno aborda el traspaso de los llamados gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado. La Seguridad Social no puede ni debe cargar con gastos que no tienen que ver con el sistema de pensiones –por ejemplo, las bonificaciones que reciben las empresas para políticas de empleo– y que contribuyen a desdibujar el déficit de dicho organismo.
Esto va a permitir avanzar en derechos hasta ahora pospuestos: se garantizará la cotización a la Seguridad Social de las personas que tienen una beca, se equiparará el acceso a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho y los matrimonios, y además se modificará el Régimen de Trabajadores Autónomos para este colectivo cotice en función de sus ingresos reales.
Esta reforma no impone, sino incentiva. Para acercar la edad real de jubilación a la edad legal, la reforma modifica los coeficientes que actualmente penalizan la jubilación anticipada. Ahora bien, el desincentivo a esta forma de jubilación se concentra en los dos primeros meses en los que una persona puede acceder a ella. Pasado este tiempo, cuando una persona decida jubilarse de forma anticipada comprobará cómo se reduce notablemente la penalización actualmente existente.
Además, a diferencia de la reforma del Partido Popular del 2013, esta reforma no se hace contra el Diálogo Social ni contra el resto de partidos del Congreso. Esta reforma se hace de la mano de las organizaciones sindicales y empresariales, y siguiendo las recomendaciones aprobadas en octubre de 2020 en la Comisión del Pacto de Toledo. Porque las reformas que perduran son las que se hacen con diálogo y con acuerdo con los distintos interlocutores sociales.
Conviene en todo caso no olvidar dos cuestiones adicionales, que son esenciales para entender la reforma que ahora se aprueba. En primer lugar, alcanzar acuerdos no siempre es sencillo y Unidas Podemos ha tenido que mostrar firmeza en ocasiones para llegar hasta este punto. Recordemos que Pablo Iglesias tuvo que oponerse firmemente a la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones –un recorte de las prestaciones para la mayoría de las carreras laborales–. Tras esta reforma, las pensiones seguirán calculándose de acuerdo a los últimos 25 años cotizados, y no con los últimos 35 como en algún momento propusieron algunas voces.
Además, todos debemos reconocer que este acuerdo no habría sido posible sin la movilización social que durante los últimos años han mantenido las plataformas de pensionistas, ejemplo de organización y de defensa de lo público. Durante años, los y las pensionistas han salido a la calle semana tras semana para reivindicar pensiones dignas y suficientes para todos, ahora y en el futuro. Fue de hecho esta movilización la que obligó en 2018 a rectificar al Gobierno de Rajoy, que tuvo que subir las pensiones con el IPC y posponer la entrada en vigor de su propio factor de sostenibilidad. Hoy podemos felicitarnos porque estas reivindicaciones del movimiento de los pensionistas van a quedar reflejadas en el Boletín Oficial del Estado.
Todos debemos reconocer que este acuerdo no habría sido posible sin la movilización social
A pesar de los importantes avances, este acuerdo deja algunas tareas pendientes para los próximos meses. La principal y la más urgente es la necesaria mejora de las pensiones mínimas y no contributivas, que en muchas ocasiones se encuentran aún en niveles inferiores al umbral de pobreza de nuestro país (el 60% de la renta mediana, unos 9.000 euros al año).
En todo caso, la reforma de las pensiones que este Gobierno ha acordado con los interlocutores sociales es un enorme paso adelante en la recuperación de los derechos sociales en nuestro país. Pongámoslo en valor.
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