Desde que el semanario británico The Economist empezó publicar en 2010 su índice de calidad democrática, diferenciando varios niveles, España siempre se había situado en la primera categoría, no en el pedestal, pero sí entre las "democracias plenas" junto a una veintena de países como Suecia, Finlandia o Alemania.

Corrupción, nacionalismo y bloqueo judicial: por qué 'The Economist' relega a España a "democracia defectuosa"

En los momentos más duros de la intentona separatista, desde el constitucionalismo se esgrimió este índice como prueba, entre otras evidencias, de que España no tenía nada que ver con esa caricatura de Estado autoritario y represivo que difundían los que pretendían romper el marco de convivencia votado en referéndum en 1978.

Por entonces los independentistas hacían oídos sordos y despreciaban que nuestro país se situase ininterrumpidamente por encima de un 8 sobre 10 en calidad democrática, y por delante de países como Italia, Francia, Portugal o Bélgica. En 2021, sin embargo, ha caído a segunda división, y aunque es por solo unas décimas, las razones no son coyunturales, sino que se arrastran desde hace tiempo y van agravándose. Como era de esperar, los separatistas han corrido ahora a utilizar esa calificación que hace The Economist de España como "democracia defectuosa".

Hay cuatro factores que explican esa caída: el bloqueo judicial, el secesionismo, la corrupción y la fragmentación política. El primero es el más grave porque responde al clima de polarización que amenaza con extenderse a otras instituciones del Estado. Lo vimos con la polémica votación de la reforma laboral en el Congreso, con acusaciones inaceptables de "pucherazo". Concretamente, lo que más ha castigado The Economist es que no se haya renovado todavía el CGPJ. El PP debe salir del bloqueo y el Gobierno adoptar las recomendaciones del Consejo de Europa para la elección de los vocales. Un punto intermedio, de transición, entre el actual modelo y otro acorde con los criterios europeos debería pactarse. En paralelo hay que poner fin a la deslegitimación de la judicatura desde la política y los poderes ejecutivos. "La fragmentación parlamentaria fomenta el chantaje de los grupos minoritarios"

"La fragmentación parlamentaria fomenta el chantaje de los grupos minoritarios"

En cuanto a la crisis territorial, aunque el procés está muerto, el separatismo sigue con su labor de erosionar las instituciones. El Govern desprecia la ley y cuando puede la incumple en temas lingüísticos, mientras el Parlamento de Cataluña es un circo en manos de Laura Borràs. Y sobre la corrupción que no cesa, la ciudadanía debe ser implacable con su voto y castigar esas conductas. Finalmente, la fragmentación parlamentaria también es mala porque fomenta el chantaje de los grupos minoritarios, convierte las negociaciones en un mercadeo y arrincona el interés nacional. En calidad democrática, los hechos tienen consecuencias; la irresponsabilidad de embarrar las instituciones se paga muy caro.