El tercer aniversario del otoño del procés ha pasado sin pena ni gloria. Ni tan siquiera la inhabilitación de Quim Torra ha logrado catalizar la protesta en la calle. El destituido president se ha ido ante la indiferencia de los suyos y el alivio del resto. Lo peor de todo es que no se ha atrevido a convocar esas elecciones que hace nueve meses prometió al certificar que la legislatura estaba agotada por las desavenencias entre JxCat y ERC.

En realidad, es el propio Carles Puigdemont quien lo ha humillado del todo al impedírselo por cálculos electorales. Ahora, la cita con las urnas no llegará hasta el 14 de febrero; son cuatro meses y medio más de desgobierno, siempre que la pandemia no lo retrase de nuevo como ya ocurrió con las elecciones vascas y gallegas. En cualquier caso, Cataluña va a seguir estando en el ojo del huracán de la política española porque de los republicanos depende la consolidación de la mayoría parlamentaria que sostiene a Pedro Sánchez.

Se ha impuesto la estrategia de Iglesias de hacer imposible el acuerdo con los naranjas y lanzar guiños a los de Rufián

Si hace unos meses parecía que el Gobierno iba a acabar andando el camino para aprobar nuevos Presupuestos con Ciudadanos, sobre todo viendo la negativa de ERC a apoyar los decretos del estado de alarma, los vientos han cambiado tras el verano y se ha impuesto la estrategia de Pablo Iglesias de hacer imposible el acuerdo con los naranjas y lanzar guiños para atraer a los de Gabriel Rufián.

Los temas judiciales ocupan, por desgracia, un papel protagonista. La reforma de la ley del CGPJ, para sortear el insensato bloqueo del PP y elegir a sus miembros por mayoría absoluta en segunda votación, va a contar con la bendición de todas las fuerzas soberanistas del Congreso a cambio de algún peaje. Luego está el tema de los presos del procés con dos vías paralelas: la reforma del Código Penal y los indultos parciales o totales.

En cuanto a los indultos, en ningún caso esa medida de gracia beneficiaría a Carles Puigdemont, que no ha sido juzgado

Ambas vías son muy arriesgadas para el PSOE, porque su electorado está mayoritariamente en contra de rebajar las condenas que dictó el Tribunal Supremo. Además, si el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, presenta una reforma penal que incluya un delito contra la Constitución sin violencia con penas de cárcel, aunque menos elevadas que la actual sedición, es improbable que ERC lo apoye.

En cuanto a los indultos, el Gobierno no se pronunciará antes de seis meses, y en ningún caso esa medida de gracia beneficiaría a Puigdemont, que no ha sido juzgado, lo que de cara a las elecciones supone una ventaja propagandística para el expresident que difícilmente será extraditado por Bélgica. En definitiva, el apoyo de ERC a los Presupuestos es una hipótesis tan complicada hoy como hace unos meses, y más improbable cuanto más tarde el Gobierno en presentar las cuentas y más cerca estén las elecciones en Cataluña.