Cuando parecía que empezábamos a dejar atrás la pandemia, dos jarros de agua fría han caído sobre nosotros en las últimas semanas. Primero, la nueva variante ómicron descubierta en Sudáfrica, aparentemente mucho más contagiosa que las anteriores, que ha causado una ola de pánico en todo el mundo, con caída de las bolsas e imposición de nuevas restricciones sanitarias y de control en los aeropuertos. Y, segundo, las dudas sobre el funcionamiento de las diferentes vacunas, tanto en lo que se refiere a su duración, que la OMS acaba de anunciar que alcanza solo hasta seis meses, como de estas frente a la nueva variante del virus, cuya efectividad también se ve reducida de algún modo. 

Aunque la aparición de ómicron no tiene por qué ser necesariamente una mala noticia, ya que los primeros datos apuntan a que infecta más pero lo hace de forma más leve, todos los mayores de 12 años vamos a ser invitados a recibir antes o después de Navidad una dosis de refuerzo.

Los poderes públicos tienen toda la legitimidad democrática para prohibir o limitar los movimientos de aquellas personas que no quieran pincharse

Si bien en España los antivacunas no son tan numerosos como en otros países europeos, el fin de semana también se manifestaron por las calles de Madrid y Barcelona, con cánticos como "pasaporte sanitario, Estado totalitario" o "una dosis es trombosis". Pues bien, frente a estos grupos hay que ser muy claro y taxativo porque cuando enarbolan la bandera de la libertad personal y los derechos individuales olvidan que, como dijo el filósofo Jean-Paul Sartre, "mi libertad acaba donde empieza la de los demás". El profesor y eurodiputado Luis Garicano recordaba en Twitter que John Stuart Mill, padre del liberalismo político, escribió que "el único propósito por el cual el poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es prevenir daños a otros" (Sobre la libertad, 1859).

Cuando esgrimen la libertad personal, desprecian el derecho a la salud de los demás

Del mismo modo, ningún derecho es absoluto y, puesto que está demostrado que las vacunas salvan vidas, es legítimo restringir la libertad de los que deciden no vacunarse mediante fórmulas como el pasaporte Covid. No inmunizarse incrementa mucho las posibilidades de enfermar o de contagiar a otro, lo que lleva a ocupar las camas UCI y a poner en peligro la vida de los demás. Por tanto, los poderes públicos tienen toda la legitimidad democrática para prohibir o limitar los movimientos de aquellas personas que no quieran pincharse. En España no parece necesario imponer la vacunación obligatoria como sí han decidido hacer en Alemania, pero no por ello debemos transigir con sus argumentos falaces. Cuando esgrimen la libertad personal, desprecian el derecho a la salud de los demás. Cuando los antivacunas afirman que se está imponiendo un control totalitario, sencillamente, no saben de lo que hablan.