El pasado viernes participé en una jornada sobre personas con discapacidad y pensiones. La realidad es que las personas con discapacidad son pensionistas en un porcentaje muy reducido respecto a las personas sin discapacidad.

En España, según datos de 2019 del INE, el número de personas con discapacidad en edad de trabajar era de 1.876.900 personas, el 6,2% de la población total. La tasa de actividad era solo del 34% y la de empleo del 25,9%. En cambio, para las personas sin discapacidad dichas tasas son del 77% y 66,9%, respectivamente. Esto nos da una idea de carreras de cotización con difícil estabilidad, salarios bajos y, por tanto, casi inaccesibles a la pensión de jubilación

La situación de las personas con discapacidad nos debe llevar a reflexionar sobre cómo la estructura del mercado laboral les expulsa del mismo

En nuestro sistema de pensiones, la contributividad y el periodo de cotización determinan, de forma indefectible, el acceso a las pensiones cuando finaliza la vida laboral. Nuestro sistema es eminentemente contributivo.

La situación de las personas con discapacidad nos debe llevar a reflexionar sobre cómo la estructura del mercado laboral les expulsa del mismo, lo que les dificulta enormemente el acceder a una prestación como es una pensión.

En este sentido, la Comisión del Pacto de Toledo, sensible a esta realidad, ha marcado las líneas a seguir en su Recomendación 18, la cual dice que: “La Comisión reafirma su convencimiento de que el sistema de Seguridad Social, como instrumento esencial de la política social, debe contribuir a que las personas con discapacidad puedan ejercer de forma efectiva sus derechos de ciudadanía y, de esta forma, garantizar su plena inclusión y participación social”.

Desde 2011, se han ido adoptando medidas que han avanzado en el acceso al sistema de protección social por parte de las personas con discapacidad. Medidas como los mecanismos de anticipación de la edad de jubilación de personas trabajadoras con discapacidad, la configuración de convenios especiales que posibilitan la inclusión en la Seguridad Social de personas con mayores dificultades para su inserción sociolaboral o la flexibilización de la compatibilidad entre la actividad laboral y pensiones no contributivas. Aun así, a día de hoy no podemos afirmar su plena participación social. Ni las personas con discapacidad ni, desde luego, sus familias

El estado de bienestar será el que les proteja cuando las familias no estén

Y es justo mencionar los avances hechos. Las leyes que pusieron fin a la incapacitación judicial de personas con discapacidad o hicieron efectivo el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual. Ambas demuestran la voluntad política firme y decidida del poder ejecutivo y del legislativo.

En cualquier caso, estas personas y sus familias no se resignan. Y saben que el estado de bienestar, protector en situaciones como las que viven, será el que les proteja cuando las familias no estén. Y por ello no se conforman ni se resignan. Como tampoco nosotros podemos conformarnos ni resignarnos.

Y lo digo a título personal y político. Y es que me sorprendí, y me dolió especialmente, cuando, en la jornada que mencionaba al inicio, uno de los ponentes adujo la indiferencia de los poderes públicos hacia ellos por el hecho de tratarse de un colectivo de escaso número. Y entiendo y acepto la crítica, solo faltaría. Va en el cargo, pero me resisto a conformarme.

Y es que, aunque haya habido avances, la percepción del colectivo es de desamparo. Y los progresistas hemos de luchar también contra esa percepción. Sean una, dos, o miles personas con discapacidad. Para que sientan que pertenecen a la sociedad no es suficiente poner negro sobre blanco las políticas inclusivas. Hemos de hacer también partícipe a la ciudadanía.

Sean una, dos o miles las personas con discapacidad, todas ellas son importantes e imprescindibles a fin de conseguir una sociedad cohesionada y sin brechas

Por ello, los y las socialistas entendemos que no basta con que lo diga un papel. Este colectivo merece un tratamiento holístico y transversal. Es decir, han de conjugarse medidas desde el sistema público de pensiones, así como desde otros ámbitos, especialmente desde el ámbito social, para que mejoren los niveles de protección. Mecanismos que, en definitiva, les permitan ejercer los derechos de ciudadanía.

Si las personas con discapacidad son un colectivo prioritario para los poderes públicos, tan importante es modificar legislativamente lo que proceda como la percepción que tengan las personas con discapacidad y sus familiares de ello.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo marcan un camino por recorrer y en el que deberemos dar una visión integral que permita dar respuesta a sus anhelos.

Porque, aunque sean una, dos o miles las personas con discapacidad, todas ellas son importantes e imprescindibles en este proyecto colectivo que estamos diseñando tras la pandemia a fin de conseguir una sociedad cohesionada y sin brechas. Una sociedad que haga aflorar el sentimiento de pertenencia de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.