Si en lugar de enzarzarnos con el pin (parental) nos centráramos en el pan –en un pacto por una ley de enseñanza–, cuánto mejor nos iría a todos. Desde que en 2018 las formaciones aparcaron el Pacto de Estado Social y Político por la Educación que negociaron durante 15 meses, ningún líder ha amagado siquiera con plantear retomarlo.

Hablamos de un país en el que la enseñanza sigue siendo una asignatura pendiente, en el que coexisten 17 modelos educativos diferentes, tantos como autonomías, y en el que cada vez que toma posesión del cargo un nuevo gobierno lo primero que se plantea es reformar la educación en solitario, eso sí, si cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ello, que parece no ser el caso.

Ahora, de la reforma de la ley de educación nadie habla y mucho menos de la posibilidad de sellar un pacto de Estado. Mientras, España va perdiendo posiciones en esta materia en los países de la OCDE, como refleja el informe PISA. Las tecnológicas no se cansan de reclamar que se adapte el modelo educativo al mundo digital ante la dificultad que tienen para encontrar talento; y los jóvenes caen en el desánimo ante su falta de expectativas laborales en un país en el que el desempleo sigue siendo una lacra.

En este contexto, los políticos en lugar de preocuparse por el pan –por una educación de calidad que responda a los requerimientos del mañana–, se han liado a vueltas con el pin (parental), en si los padres tienen derecho o no a vetar las materias complementarias de los colegios y, ya de paso, en si los hijos pertenecen a los padres o al vecino. Todo ello en medio de un espectacular pun mediático. Y en esas estamos, oigan.