Leo a varios periodistas de opinión y no me gustan sus insultos. Oigo al Consejo General de Colegios de Médicos y no me gusta los argumentos que usan porque no dan datos.

No es necesario entrar en el terreno político, ese en el que parece obligado el enfrentamiento, la acritud, la agresión. Basta con analizar los datos.

Fernando Simón tiene unos cuantos jefes a los que se ha referido cuando le han preguntado por su dimisión; y los ciudadanos debemos conocerlos para entender cuál es la estrategia que está ejecutando el Ministerio de Sanidad en este periodo de crisis sanitaria.

Fernando es el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y depende de Pilar Aparicio, que es la Directora de Salud Pública (voy a abreviar los títulos porque son muy largos). Pilar depende de la Secretaria General de Sanidad, que dirige Faustino Blanco que, a su vez, depende del Ministro de Sanidad,  Salvador Illa. Dado que en la web de Ministerio se coloca en el vértice a María Luisa Carcedo Roces, que ya no recuerdo cuándo dejó el Ministerio, no sería de extrañar que los nombres que aquí recojo y que he obtenido de fuentes abiertas no sean correctos.

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Entre las misiones que debe cumplir Pilar Aparicio está “la coordinación de la vigilancia en salud pública, incluida la información y vigilancia epidemiológica” y “monitorizar los riesgos para la salud pública en coordinación con los organismos implicados y realizar las evaluaciones de riesgo oportunas” y “planificar, coordinar y desarrollar la Red de Vigilancia en Salud Pública, incluida la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica”. Para ello cuenta, como Director de Alertas y Emergencias Sanitarias, con Fernando Simón, cuya misión no es dirigir la oficina de comunicación de Ministerio; ese no es su trabajo, aunque lo parezca por su comparecencia casi diaria. Su trabajo es dar la alerta sanitaria, para lo que debe evaluar los riesgos mediante esa Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Así que no son pocos los medios con los que cuenta.

Pues bien, el 30 de enero la OMS declaró la Emergencia Internacional.

Ese mismo día hubo una reunión de epidemiólogos en el Ministerio de Sanidad.

Dejo hablar a uno de los asistentes, Juan MartÍnez Hernández, experto en salud pública de la OMC: “En nuestro caso tiene su epicentro el 30 de enero, en una reunión en el Ministerio de Sanidad, en la que varios técnicos –no sólo el que ustedes piensan– sostuvieron, en contra de mi opinión, que el nuevo coronavirus es un agente del grupo 2. Yo mantengo que es un agente del grupo 4. Y ahí radica todo. Esa es la clave de toda la mala gestión posterior. Los microorganismos, de acuerdo al RD 664/1997 se clasifican en cuatro grupos, siendo el cuarto el compuesto por aquellos que pueden ocasionar infección grave o mortal y contra los que no hay ni vacuna ni tratamiento. Es de libro. El nuevo coronavirus es un agente del grupo 4.”

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Este especialista enumera después, esto lo escribió el 18 de marzo en El Mundo, las medidas que habría que tomar y, ¡ay querido lector!, qué bien nos hubiera venido que al frente de la estrategia de salud hubiera estado alguien que acertó en el diagnóstico y que, por tanto, ya no tenía necesidad de afirmarse en un error, ni de intentar taparlo. Fíjense qué claro tenía entonces, 18 de marzo, lo que Sanidad tardó meses en protocolizar:

“Hay que multiplicar por 10 o por 100 nuestra capacidad diagnóstica actual y hacer PCR a todas los pacientes con infecciones respiratorias de cualquier gravedad, en aquellos lugares donde haya transmisión comunitaria. Aislar obligatoriamente a todos los pacientes con Covid-19 y cuarentenar igualmente de forma obligatoria a todos sus contactos”.

Y proponía esto cuando durante semanas, en los protocolos que partían de Sanidad se decía que los contactos podían hacer vida normal, incluso con amigos. Escribía también Juan Martínez Hernández ese día de marzo: “Los protocolos recientemente revisados (van docenas de ellos) dicen que no se hagan pruebas a los pacientes con sintomatología leve. Este es un grandísimo error que funcionará como profecía autocumplida: si no diagnosticamos bien, no aislaremos bien a los pacientes y no haremos un buen control de los contactos.”

Se imagina el lector cuántas vidas descartadas y cuánta tensión sanitaria nos habríamos ahorrado con esta estrategia en lugar de la que propugnó el hombre que, no solo se equivocó en el diagnóstico, sino que en marzo todavía pretendía tener razón cuando las evidencias eran palpables para, al menos, dos tercios de la población (de los asistentes que se esperaban para las manifestaciones del 8-M, asistieron un tercio, lo que quiere decir que dos tercios se quedaron en casa por prudencia, aun cuando el hombre de la alerta no veía inconveniente en la asistencia).

Si la alerta se hubiera dado a final de enero las dotaciones de recursos de todo tipo se hubieran adelantando un mes y medio y el personal sanitario hubiera estado protegido. Si los protocolos que recomendaba entonces Juan Hernández se hubieran aplicado, la contención del virus se habría adelantando y no se habría producido el colapso sanitario.

Tiene, Fernando, otra tarea de dirección y coordinación en relación con los datos sanitarios de la pandemia. El Ministerio da normas y las Comunidades aportan los datos sanitarios de la COVID. Pues bien, los que hemos seguido los datos desde el principio hemos detectado decenas de incoherencias en los mismos, algunas de calibre mayúsculo, como, por ejemplo, cuando el 26 de abril se añadieron casi treinta y cuatro mil hospitalizados al acumulado y más de dos mil seiscientos ingresos en UCI; y esto se hacía sin corregir la serie asignando estos excesos al día correspondiente, sino de un día para otro. El 19 de junio se añadieron 1.179 fallecidos. O hace unos días, cuando ya van diez meses de depuración de datos, se restan del acumulado, que no puede disminuir, de un día para otro, 13.549 hospitalizados, el 8,24% del total, 2.070 ingresos en UCI, el 14,97% y 1.623 fallecidos, el 4,26% de los contabilizados. Y no se nos escapa lo importante que es tener datos fidedignos para tomar decisiones correctas.

En fin, queridos lectores, las conclusiones.

A Salvador Illa, a Faustino Blanco y a Pilar Aparicio les viene bien que dé la cara el que la Ministra de Defensa ha calificado como hombre absolutamente entregado; pero sería magnífico que esa entrega se hubiera traducido en eficacia en su tarea de diagnosticar, alertar y disponer de los datos correctos para la toma de decisiones. Pero todos saben bien que Fernando es el bastión que hay que mantener para que la fortaleza ministerial, responsable de la gestión de la pandemia que presenta los peores números de Europa, después de Bélgica, no se derrumbe. Y veremos, porque Bélgica cuenta desde el principio los fallecidos en domicilios y residencias.

En breve se sabrá que el virus circuló por España sin contención durante la Navidad de 2019 y que la red de Alertas que dirige Fernando Simón no lo detectó. Ya sabemos, porque el Instituto de Salud Carlos III lo publica desde hace unos días, que en enero hubo 81 casos diagnosticados con test, lo que, según parece, tampoco detectó la Red de Alertas.

Así que no es necesario ni el insulto, ni la vaguedad en el análisis, porque los datos expresan con claridad que la gestión de la emergencia del Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al timón y con Fernando Simón en el mascarón de proa, amparando la actuación de sus Jefes, Faustino Blanco y Pilar Aparicio, ha sido mala, muy mala. Y a todos nos conviene que los cuatro se hicieran a un lado porque esto no ha terminado y es mucho lo que nos jugamos.