Polonia, quizás el país que más peleó por incorporarse a la Unión Europea después de varias décadas de opresión comunista se arriesga, dieciocho años después de ser admitida en el club comunitario a tener que abandonarlo. Desde que una etapa breve de normalidad democrática, el poder pasó a manos del partido de extrema derecha Ley y Justicia (PIS), liderado por los hermanos Kaczynski, las relaciones entre Varsovia y Bruselas no han dejado de complicarse.
Los sucesivos gobiernos polacos, sustentados por claras mayorías electorales, vienen reiterando su rechazo a muchas de las decisiones comunitarias, y de manera especial a las que afectan a las libertades, la evolución social y la modernidad. En su actitud de discrepancia, rayana hasta ahora con la rebeldía, la representación polaca contó siempre con el respaldo del gobierno húngaro de Víctor Orbán.
Los principales enfrentamientos surgieron en torno a discrepancias legales ante las cuales los tribunales polacos —con su autonomía sometida a los principios del partido gobernante— actuaron en continua discrepancia con los europeos. Los intentos diplomáticos y políticos por encontrar soluciones negociadas fracasaron de manera sistemática partiendo del argumento polaco de que atentaban contra su soberanía.
La tensión estalló esta misma tarde cuando el Tribunal Constitucional de Polonia anunció que no acatará varios artículos de los tratados de la UE por considerarlos anticonstitucionales. Es decir, que no aceptan el principio de que el derecho comunitario prima sobre el nacional. Se trata de un reto en toda regla a uno de los aspectos básicos que rigen las relaciones entre los Veintisiete.
Las repetidas advertencias de la Comisión y el Parlamento sobre las desviaciones polacas han caído una vez más en oídos sordos en Varsovia, pero ahora ya se ha llegado a una situación límite. La Unión Europea no puede transigir que uno de sus miembros campe a sus respetos por libre y sembrando el mal ejemplo entre los restantes. Polonia y Hungría son los socios díscolos y su actitud es considerada inadmisible. Así lo estima la presidenta de la Comisión.
Ambos están sufriendo ya algunas consecuencias de su reiterada actitud soberbia y ultranacionalista dentro de una Organización que parte de la igualdad en los principios y en la renuncia de todos de parte de su soberanía para compartirla con los demás. Ahora mismo Polonia tiene congelados los 36.000 millones de europeos que está previsto recibir como ayuda para superar los efectos de la pandemia.
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