Un nuevo personaje luce con luz propia desde el inicio de la pandemia por estas tierras. Fernando Simón se ha convertido en toda una imagen en la lucha contra el coronavirus. Según su currículum el señor Simón es un trabajador muy reconocido como médico epidemiólogo, tiene sentido entonces contar con alguien como él a la hora de gestionar esta crisis sanitaria.
Al igual que Fernando Simón, si alguien dedica más de un tercio de su vida, es decir, una de cada tres horas, a una tarea concreta es de sentido común que pueda opinar y decidir sobre cómo y de qué manera se organizará la vida en ese lugar. ¿Acaso no vamos a escuchar qué dicen las enfermeras, médicos y trabajadoras de la sanidad sobre las principales necesidades para reforzar la sanidad pública? ¿No tendrán criterio suficiente las profesoras y profesores sobre la mejor forma de organizar la educación pública tras dedicarles miles de horas a esos alumnos que han desarrollado casi medio curso encerrados en casa? ¿Por qué no atender a lo que tienen que decir sobre la situación del campo y el sector agroalimentario quienes se tiran 12 horas con la espalda doblada bajo el sol en los campos de cultivo o en las granjas? La pandemia que ha traído el coronavirus ha puesto a la sociedad ante un espejo que no podemos obviar, la democracia que vivimos en nuestra sociedad es tan débil, que cuando alcanza las paredes de las empresas es incapaz de franquearla.
¿No tendrán criterio suficiente las profesoras y profesores sobre la mejor forma de organizar la educación pública?
Pelear porque las trabajadoras y trabajadores tengamos mayor capacidad a la hora de decidir el futuro de nuestros lugares de trabajo supone ampliar la lucha por los derechos laborales y sociales, no solo de quienes ya están aquí, sino de quienes llegan y se encuentran que el único derecho con el que cuentan es el de ser explotados. Reconocer la participación de las trabajadoras y trabajadores es democratizar más de un tercio de nuestras vidas, horas que no pueden ser un paréntesis que sucede mientras pagamos el alquiler, las facturas y peleamos por unos días de vacaciones.
La figura del Consejo Escolar de los centros educativos es un buen ejemplo de una iniciativa democrática de participación de trabajadores y usuarios en un servicio público. El Consejo Escolar es un órgano representativo en el que tienen voz y voto estudiantes, padres y madres, docentes y personal no docente. El director de cada instituto era elegido por el Consejo Escolar y su cargo se renovaba cada cuatro años, de forma que rendía cuentas en todo momento a toda la comunidad educativa. Pero lejos de profundizar en este sentido, se ha ido retrocediendo. Con las distintas reformas educativas, actualmente la elección de la directora o director la lleva a cabo un panel de 5 miembros, de los cuales tres son nombrados por la Administración, uno por el Consejo Escolar y otro por el claustro (cuerpo docente). Además, el director del centro ya no tiene que rendir cuentas cada pocos años de su gestión. No se realiza una nueva votación para decidir si se renueva, basta con que declare que quiere continuar. El modelo del Consejo Escolar, que permitía participar en la toma de las decisiones más importantes a toda la comunidad educativa, era una experiencia democrática que no existe en países vecinos como Inglaterra o Francia. Este modelo podría haberse desarrollado y de hecho debería extenderse a otros ámbitos de los servicios públicos, en los que usuarios y trabajadores deben tener capacidad de influencia en la toma de decisiones.
La figura del Consejo Escolar es un buen ejemplo de una iniciativa democrática de participación de trabajadores y usuarios
Aplicado a la sanidad, este modelo de Consejo Social podría dar lugar a notables mejoras en el funcionamiento de hospitales y otros centros sanitarios. Actualmente, todos los cargos de gestión, desde los peldaños más básicos de los mandos intermedios, son nombrados por los altos directivos, que a su vez son nombrados por el consejero de Sanidad y por lo tanto, por el partido en el poder. Para guardar las apariencias, las plazas se cubren mediante un procedimiento público y abierto, pero la valoración de los candidatos queda en manos de los directivos para poder seguir nombrando a sus favoritos, hasta el punto de que a menudo ni siquiera se publican las notas de las valoraciones que reciben los distintos candidatos. Tenemos gerentes de hospitales que, como en el caso del Hospital Clínico de Madrid, llevan 17 años en el cargo, sin haber rendido cuentas en ningún momento ante la comunidad a la que deberían servir.
Un gerente elegido por trabajadores y usuarios con toda seguridad dedicaría más esfuerzos a las necesidades de la comunidad. Pongamos como ejemplo las 3.000 personas que actualmente se encuentran en lista de espera para tratamientos de fisioterapia en el Hospital La Paz, lista que ha aumentado considerablemente debido a la llegada del coronavirus. Sin embargo, no se han asignado más recursos ni trabajadores a esta tarea. Una persona que sufra una intervención quirúrgica, por ejemplo de una muñeca o un hombro, si no recibe rehabilitación a tiempo puede no llegar a recuperar la movilidad, de manera que la cirugía supone un sufrimiento para el paciente y un gasto para el sistema totalmente inútiles.
Un gerente elegido por trabajadores y usuarios dedicaría más esfuerzos a las necesidades de la comunidad
En un contexto de corrupción y privatizaciones, la descentralización y la participación de trabajadores y usuarios de los servicios públicos en la toma de decisiones es aún más importante para asegurar que estos servicios respondan a las necesidades de la comunidad, unas condiciones laborales dignas y aumentar la eficiencia del sistema evitando el despilfarro y los sobrecostes que descubrimos en contratos de todo tipo: suministros, contratas de mantenimiento, derivaciones de pacientes a centros privados, etc.
Por tanto, democratizar los puestos de trabajo supone democratizar nuestras vidas y nuestras sociedades. Aumentar la capacidad de decisión de quienes han sostenido los supermercados abiertos y llenos de comida, las calles limpias y la sanidad pública en activo asegurará que el futuro del empleo no quedará en manos ni de empresarios, ni de burocracias sindicales más preocupadas de su futuro como intermediarios que de mejorar las condiciones laborales. Abriendo así espacios de debate en el seno de las plantillas sobre las formas de organizarse en el puesto de trabajo, fortaleciendo la capacidad de decisión de cada trabajadora y trabajador, de enfrentar el futuro y de adaptarse ante la coyuntura.
Pongamos un ejemplo concreto. Hoy en plena crisis de la Covid rozamos ya el 15% de paro en el conjunto del Estado, con claro riesgo de alcanzar el 20% a finales de este año. ¿Por qué no es posible que las plantillas organizadas discutan sobre la forma de orientar el futuro de la empresa? ¿Acaso quienes más tiempo pasan en el seno de las empresas no pueden decidir? ¿Por qué la mayoría de las personas que componen una empresa no pueden decidir el futuro? Uno de esos casos concretos de pérdida de empleo es el de Airbus, que ha anunciado el despido de 15.000 trabajadores en todo el mundo, 1.500 de ellos de las plantas de Getafe (Madrid) y Puerto Real (Cádiz). En este caso concreto la sección sindical de CGT en la planta propone poner en marcha un plan de reducción de jornada a 4 días laborables. Que todo el mundo trabaje menos días, para así poder repartir la carga de trabajo existente entre todos los trabajadores y trabajadoras sin que nadie pierda su puesto de trabajo.
La reducción de la jornada de trabajo no es sólo una medida que permite garantizar el mantenimiento del empleo y de los centros de trabajo en Airbus en España, sino que además es una medida democratizadora y cooperativa en términos de un reparto de la carga del trabajo productivo que pueda paliar la actual coyuntura de crisis. Esta medida podría favorecer, además, el reparto de los trabajos reproductivos y de cuidados en el conjunto de la sociedad, tanto los referidos a personas dependientes como aquellos dirigidos a frenar la destrucción del medio ambiente o de otros bienes y servicios comunes que, necesariamente, tendrán que ser recuperados para el interés general de las mayorías trabajadoras.
Comentarios