Uno de los debates políticos y sociales de más largo recorrido -y ninguna solución- en nuestra democracia es el que se refiere al derecho de huelga. Nadie discute el derecho de los trabajadores a defender sus reivindicaciones mediante esta herramienta constitucional. Sí se discute más si ese derecho debe ser ilimitado y, en su caso, el uso que hacen de él algunos colectivos profesionales que tienen en su mano afectar a la vida de otros trabajadores. 

Ocurre estos días con la huelga de los maquinistas de Renfe. Sin entrar a valorar si son justas o no sus exigencias, los maquinistas tienen todo el derecho de ponerse en huelga. Sí se puede considerar más discutible que disfruten del derecho a no cumplir con los servicios mínimos establecidos, como ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de estos días de movilizaciones. Hay miles de trabajadores de otros sectores que necesitan utilizar los trenes de Renfe para desplazarse, y que sufren las consecuencias de un paro que parece fuera de control.

La plasmación práctica de ese derecho choca de lleno contra el derecho de otros ciudadanos a desplazarse

No es la primera vez que ocurre algo así. Ha habido otras huelgas que han provocado protestas de unos trabajadores –los que sufren el paro– contra otros –los que paran–. Esto ocurre, especialmente, cuando el conflicto laboral afecta a un servicio esencial como, por ejemplo, el transporte público. Si se ponen en huelga los empleados de una fábrica de zapatos, eso no paraliza la vida de los demás. Una huelga de maquinistas de tren, sí. 

En casos anteriores, se han escuchado voces que solicitaban una discusión pública sobre si se deberían establecer determinados límites al derecho constitucional a la huelga, específicamente cuando se trata de los servicios públicos esenciales. Pero esos intentos de debate han terminado en nada. La fuerza de los sindicatos lo ha impedido, y los sucesivos gobiernos –tanto de derechas como de izquierdas– no se han atrevido a meterse en ese jardín embarrado ante el temor de que la reacción pudiera ser algo todavía mayor: una huelga general. De tal forma, que los paros en servicios públicos se suceden periódicamente: un grupo de trabajadores se pone en huelga, y otro grupo de trabajadores –los usuarios– lo sufre. 

No se trata de un asunto de solución sencilla porque los empleados de servicios públicos deben disfrutar de los mismos derechos que los demás, incluido el derecho de huelga, para defender sus reivindicaciones laborales que, a menudo, están plenamente justificadas. Pero la plasmación práctica de ese derecho choca de lleno contra el derecho de otros ciudadanos a desplazarse para ir a trabajar o para volver a casa con sus familias. Y esas personas se sienten secuestradas cuando están atrapadas en un andén, esperando a un tren que nunca llega.