Los ciudadanos de Madrid y Barcelona están siendo los grandes sufridores del conflicto que enfrenta al sector del taxi con los VTC. Un padecer que ha ido más allá de los inconvenientes propios de una huelga salvaje.

La acción de los taxistas, lejos de limitarse a la supresión de un servicio público esencial para la movilidad urbana, ha provocado toda suerte de desórdenes públicos y trastornos añadidos a la gente, hasta el punto de eclipsar las razones que sujetan sus demandas y perder estrepitosamente la batalla de la opinión pública.

El sentimiento general es de rechazo a un colectivo que les complica la vida y los utiliza para chantajear a la Administración en favor de su causa y en detrimento de la del contrario. Su proceder ha sido muy parecido en Madrid y Barcelona, pero no la actitud de los políticos que han tenido que gestionar el conflicto.

Mientras la Generalitat de Quim Torra cedía a las exigencias de los taxistas imponiendo unas condiciones leoninas para las VTC que, en términos prácticos, las dejaba fuera del mercado, el Gobierno de Ángel Garrido ponía pie en pared por entender que las demandas del taxi aceptadas en Cataluña vulneran la libre competencia y serían tumbadas por los tribunales.

Aún más divergentes fueron y son las formas empleadas por las alcaldesas de Madrid y Barcelona frente a las movilizaciones que tanto han comprometido el normal discurrir de la vida ciudadana.

Mientras en la Ciudad Condal Ada Colau permitía, por segunda vez en seis meses, que los taxistas se dieran el lujo de secuestrar la ciudad, acampando en la vía pública, paralizando el tráfico y comprometiendo la circulación durante días, Manuela Carmena reaccionaba con operativos conjuntos de Policía municipal y nacional.

Las grúas del Ayuntamiento levantaron vehículos que colapsaban la Castellana y sus agentes impusieron multas a quienes trataban de taponar las principales vías de la capital. Una actitud bien distinta a la de Colau. Con su pasividad, a la alcaldesa de Barcelona pareció convenirle el ceder al chantaje del sector del taxi y consentir que el caos reinara en su ciudad.

De esa manera metía presión a la Generalitat y, de paso, debilitaba la posición de la derecha independentista en favor de su propio liderazgo en las próximas elecciones municipales y de un posible pacto con Esquerra Republicana en un consistorio que previsiblemente quedará muy fragmentado.

En esa línea, Colau manifestó su propósito de endurecer aún más el decreto de la Generalitat elevando la precontratación de las VTC a una hora, aumentando los seguros y obligando a los conductores a pasar exámenes de idoneidad o controlando las tarifas, lo que hacía inviable su actividad profesional y ha terminado provocando la salida de Uber y Cabify.

No sería de extrañar que viéramos a Tito Álvarez, el líder del sector más radical del taxi, en las listas de los Comunes en las próximas elecciones municipales. En abierto contraste con la alcaldesa de Barcelona, Carmena, a pesar de ser igualmente proclive al sector del taxi, se ha mostrado constructiva en favor de un acuerdo que, al menos, permita la convivencia con los VTC. La gran diferencia es que Colau ha ejercido de activista y Carmena de alcaldesa.