En su ya contrastada habilidad para pervertir la realidad el independentismo trató de darle la vuelta al juicio del procés, de forma que pareciera que quienes están siendo juzgados son los miembros del jurado y no los secesionistas imputados.

Es el mundo al revés en el que ellos se mueven como pez en agua, acostumbrados a manejar la ficción con el desparpajo de quienes se saben aplaudidos por su complaciente parroquia.

Así, los primeros compases del juicio han ido encaminados a desprestigiar a los magistrados del Tribunal Supremo que les juzgan, a la propia institución y, por supuesto, al Estado español, a quien niegan su carácter democrático con la aparente convicción de quien lo equipara a una dictadura bananera.

De esa maniobra táctica no solo participan los abogados de la defensa, encabezados por el letrado que representa a Oriol Junqueras y Raúl Romeva, sino todo el núcleo duro del independentismo empeñado en presentar la causa como un juicio político con el que se pretende reprimir las ideas, no castigar los hechos. "Se me persigue por mis ideas", declaraba este jueves en tono beatífico Junqueras.

La estrategia va dirigida al medio centenar de medios internacionales que se ha acreditado ante el Alto Tribunal para seguir las sesiones. Quieren que sus corresponsales y enviados especiales proyecten al mundo la imagen victimista de unos supuestos defensores de la libertad frente a los jueces de un Estado represor. Es lo que más les importa, porque al final de su hoja de ruta está el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Al procés le ha ido mejor de lo que merece con la prensa extranjera gracias a que fue generosamente regada por Romeva cuando ejercía de ministrillo de Exteriores de Puigdemont, mientras el Gobierno español andaba a por uvas. Ahora sería demencial que se tragaran el pretendido oscurantismo y la opacidad que el independentismo denuncia.

Nunca un juicio ha sido más transparente y garantista, tanto que es posible seguirlo en vivo y en directo. Nunca los derechos de los acusados han sido tan contemplados y jamás se ha tenido tanto esmero en el Tribunal Supremo por cuidar todos y cada uno de los detalles formales para no provocar el menor reproche, ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo –garante de los tratados de la UE– ni del mencionado Tribunal de Estrasburgo.

Difícilmente puede cualquiera de estas instancias ni cancillería de país democrático alguno comprar el cuento de que España es un país que persigue a los separatistas por su ideas, cuando el mismo día en que el letrado Van den Eyden soltaba su soflama acusando a la justicia de abrir una "causa general" contra el independentismo, el diputado de ERC Joan Tardá decía lo mismo desde el estrado del Pleno del Congreso, sin que nadie le detuviera ni regañara.

Aún más patente fue la irrupción de Quim Torra en la Sala de Plenos del Supremo. Será muy necio, mendaz o quizá corrupto quien interprete que España no es un país libre y democrático viendo al más furibundo de los independentistas moviéndose libremente allí dentro y diciendo lo que quiere fuera. Juzgar al Supremo no les eximirá de culpa.