El procés sobresalió en astucia para sortear la malversación. El referéndum se hizo por arte de magia porque nadie recuerda nada. El 1-O se convocó de forma oficial y hasta las urnas chinas llevaban el logo de la Generalitat, pero nadie hizo nada. La desmemoria de los segundos y terceros niveles de la administración catalana es proverbial hasta el punto de incurrir en un posible delito de falso testimonio, como le ocurrió el otro día al director de Difusión Jaume Mestre por los anuncios en TV3 de los que cuelgan dos misteriosas facturas. Pero nadie pagó nada e incluso los proveedores renunciaron al cobro, como ha sucedido con la extinta Unipost, que tenía la misión de enviar las tarjetas censales y las cartas certificadas del referéndum por valor de un millón de euros. El enlace rocambolesco entre la empresa y la Generalitat fue un tal "Toni" (señalado así por varios testigos), seguramente Antoni Molons, actual secretario de Comunicación, que se acogió al derecho a no declarar al estar imputado en el juzgado 13 de Barcelona.

Quien sí lo hizo fue el mayor Trapero, que llegó con ganas de hablar y dar titulares pero al que no pudieron preguntarle a fondo por las dos trascendentales reuniones entre la cúpula de los Mossos y el Govern del 26 y 28 de septiembre. Incomprensible que la Fiscalía no hubiera solicitado interrogarle y sorprendente la torpeza de VOX (que sí lo había hecho) con sus preguntas, de nuevo siempre irrelevantes en el juicio. El resultado es que las acusaciones no pudieron subrayar la responsabilidad de Puigdemont, Forn y Junqueras, confirmando el testimonio de los excomisarios Castellví y Quevedo. Y eso que Trapero tenía ganas de hacerlo. Hábil estuvo el abogado Javier Melero, que sí había solicitado su comparecencia, y que sacó a colación la reunión del 28 solo para que confirmase que el exconsejero de Interior nunca dio órdenes a los Mossos sobre cómo actuar el 1-O.

Trapero hizo una solida defensa de la actuación de la policía autonómica. Subrayó su incomodidad por la irresponsabilidad del Govern pero diluyó la suya en la inacción de la Policía Nacional y la Guardia Civil los días antes del referéndum, escudándose en que el auto del TSJC del 27 de septiembre establecía un dispositivo compartido. Su objetivo fue salvar a los Mossos y disipar el delito de rebelión que también pesa sobre él en la Audiencia Nacional. Y para ello soltó la noticia bomba de que había un dispositivo preparado para detener a Puigdemont y a todo el Govern si la Fiscalía o los tribunales se lo ordenaban ante la amenaza de la declaración de independencia.