El nuevo ajuste es la peor sanción

Tras meses de negociaciones, presiones y declaraciones, respiramos aliviados por lo que muchos auguraban y otros tantos negaban categóricamente: España se escapa conjuntamente con Portugal, de la lista de países sancionados por incumplimiento del déficit público, de acuerdo con las normas previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Fiscal Compact.

La laxitud de la política fiscal del último año de la pasada legislatura, incluidas bajadas de impuestos temerarias y electoralistas ("porque había margen para ello", certificaron fuentes oficiales), ha llevado a un importante tirón de orejas por parte de las instituciones europeas, aunque todo haya terminado, afortunadamente, con una sanción política sin consecuencias económicas. España no ha cumplido, ni un solo año, desde el inicio de la crisis, sus objetivos de déficit público, y el horizonte para salir del procedimiento de déficit excesivo –es decir, situar nuestro déficit público por debajo del 3% del PIB- se ha retrasado año tras año, alimentando la impaciencia de nuestros socios europeos, mientras en España celebrábamos la política fiscal como la del 'buen alumno europeo'.

Teniendo en cuenta la situación, la Comisión se ha decidido por dejar la sanción en términos simbólicos, sin proponer una multa financiera, al tiempo que deja en el aire la decisión de suspender una parte de los fondos estructurales invertidos en España, decisión que se tomará más adelante. La recomendación de la Comisión evidencia así el malestar de Bruselas con los trilerismos fiscales españoles, sin dañar en el potencial crecimiento de una economía todavía en fase de recuperación.

Respiraremos aliviados aunque sea por poco tiempo, porque lo peor será el precio que pagaremos con el ajuste fiscal que acompaña la decisión. Sin todavía haber recuperado un nivel de empleo adecuado, Bruselas exige a España un nuevo recorte estructural para salir del procedimiento del déficit excesivo en 2018, a razón de cerca de más cinco mil millones de euros al año. Esto es: España saldará su desequilibrio fiscal diez años después. Una década perdida para el empleo, el crecimiento y la competitividad.