El pasado lunes, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT firmaron un preacuerdo para poner en marcha un proceso de subida salarial de hasta un 3% a partir de los procesos de negociación colectiva. Es una magnífica noticia que rompe la dinámica de empobrecimiento salarial a la que llevábamos asistiendo desde el inicio de la crisis económica y, particularmente, desde el ajuste de 2012.

La devaluación salarial ha sido uno de los factores determinantes para entender la evolución del empleo, la desigualdad y el reparto de rentas en los últimos años en España. A través del mismo, se han incrementado los márgenes empresariales, se ha agrandado la desigualdad y se ha incrementado el porcentaje de población que, aun trabajando, no es capaz de salir de la pobreza. Desde hace años se viene reclamando, no solo desde los sindicatos, sino también desde instituciones como el Banco Central Europeo o el FMI, un esfuerzo para revertir la situación y mejorar la situación salarial de millones de trabajadores y trabajadoras. Son, por consiguiente, buenas noticias.

Pero esta subida salarial debe entenderse en un contexto de cambio productivo: subir salarios sin mejorar la productividad puede llevar, a largo plazo, a fragilizar aún más la situación en la que sobreviven miles de pequeñas empresas en nuestro país, que, por falta de inversión o de capacidad de gestión, cierran cada año con márgenes muy pequeños. Cualquier pacto de rentas debe ser también entendido como un pacto por la productividad, la mejora de nuestro tejido empresarial, la apuesta por la innovación y la internacionalización de mayor valor añadido. Y eso no depende solo del acuerdo social, sino de los esfuerzos de todos los actores implicados.