Un estanco para Microsoft

Imagine que para entrar en un ministerio hiciese falta llevar puestas una determinada marca de zapatillas de deporte. O que para conducir por una carretera pública fuese necesario conducir una y sólo una marca de automóvil. O que para hablar con un funcionario público hubiera que llamar desde una única compañía telefónica. La mayoría de la gente, excepto los propietarios comerciales de esas marcas, consideraría semejante exigencia como un abuso intolerable; como una escandalosa reducción de la libertad personal con el único objetivo de favorecer los intereses pecuniarios de una compañía privada. Sería una intromisión en la libertad comercial y un impuesto indirecto sobre todos los ciudadanos; un monopolio sancionado por el estado. Sería un escándalo. Pues exactamente éso es lo que pretende hacer el estado español con los ciudadanos del país según la actual redacción de la Ley de Acceso Electrónico a las Administraciones Públicas (LAECAP), que va a aprobarse el próximo jueves 7 en el Senado. En la práctica la LAECAP proporciona un monopolio estatal a determinadas empresas sin siquiera la hoja de parra de un concurso público. Como cuando la dictadura otorgaba estancos a los Caballeros Mutilados, pero beneficiando esta vez a Microsoft.

Nuestros políticos están demostrando que no comprender el concepto de 'acceso libre', que en la Sociedad de la Información está íntimamente ligado con los estándares abiertos y es una libertad fundamental. Toda la información generada por el estado debe ser accesible a todos los ciudadanos, independientemente de la marca comercial de software o del sistema operativo que escojan utilizar. Toda esa información, datos y software, debe publicarse en formatos estándar no propietarios, para evitar que una compañía privada (legítimamente interesada tan sólo en sus inversores) se convierta en un peaje obligatorio en las relaciones ciudadano-estado. Para evitar que una información o programa pagadas con nuestros impuestos se nos vuelva a cobrar para beneficio de una empresa particular. Cualquier desviación de estos principios es una intolerable e inaceptable ventaja que el estado y la ley conceden a un grupo de particulares sin justificación alguna. Los políticos que lo hagan deberán explicar las razones de semejante privilegio, o no estarán libres de sospecha.