España adapta la ley europea del cargador universal a sus propias normas: así te va a beneficiar

La Unión Europea aprobó en octubre del año pasado la normativa del cargador universal para todos los dispositivos electrónicos que se comercializasen dentro de los países miembro de la organización. La fecha límite para que las marcas tecnológicas adopten sus nuevos aparatos con entradas USB-C es el 28 de diciembre de 2024, a excepción de los ordenadores portátiles, que tendrán hasta el 28 de abril de 2026. Por su parte, el Gobierno de España ha preparado una modificación al reglamento de la UE.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España ha redactado un real decreto que recoge la normativa europea del cargador universal con algunas adaptaciones. Con el documento, que ya puede consultarse públicamente, se establecen unos "requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioelécticos".

El principal objetivo del real decreto es "promover la interoperabilidad de cargadores, reduciendo la fragmentación del mercado a causa de la existencia de diferentes conectores y rendimientos de carga". También buscan garantizar a la ciudadanía la obtención de información "clara, comprensible e inmediata" sobre las capacidades de carga de los dispositivos que adquieren.

Otros factores que se tienen en cuenta son la posibilidad de que los clientes puedan escoger si quieren o no que les envíen un cargador con la compra de un aparato; y la contribución a la reducción de basura electrónica, fomentando la reutilización de cables y cargadores.

El gran cambio con respecto a la directiva del Parlamento Europeo es que los consumidores españoles tendrán el derecho de comprar dispositivos sin cargador en caso de que no lo necesiten. No obstante, en el real decreto, no especifican si esta decisión se verá reflejada en una rebaja del precio final del producto, por lo que cada fabricante podrá decidir qué hacer.

Además, en España, se obligará a especificar en los paquetes si dentro está o no un cargador mediante una etiqueta. Según aclaran, esta información deberá indicarse "en forma de pictograma en el embalaje y cerca de la indicación de precio en las ventas a distancia".

El Gobierno ha realizado un estudio para calcular cómo afectarán a los usuarios las medidas aplicadas a la normativa del cargador universal. Los resultados obtenidos aseguran que supondrá un ahorro de unos 26 millones de euros al año, ya que no hará falta comprar cargadores nuevos y se reutilizarán los de dispositivos antiguos.

Por otro lado, la investigación gubernamental también ha comprobado que los minoristas y distribuidores también obtendrán un incremento de sus beneficios. Se estima que ascenderán a unos 48 millones de euros anuales.

Algo que se tiene en cuenta es que, al venderse menos cargadores y de tipo C, es posible que incremente su valor. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos señala que "la Comisión Europea prestará atención a la variación del precio de los cargadores a nivel de la UE y podrían incluirlo como parte de un ejercicio de control". De todos modos, consideran que “los consumidores ahorrarán dinero, ya que comprarán menos cargadores debido a la posibilidad de reutilización de los mismos”.

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