Los derechos del formato Pasapalabra y de su archiconocido Rosco llevan décadas dando vueltas en los juzgados, con unos y otros reclamando esos derechos o las ganancias derivados de los mismos.
En ese ir y venir están Mediaset, que emitió Pasapalabra entre 2007 y 2019, Atresmedia, que lo emite actualmente y dos productoras de televisión, la holandesa holandesa MC&F y la inglesa ITV Studios, que pelean entre sí y contra las cadenas que lo emiten.
El último episodio de este culebrón judicial lo ha protagonizado una sentencia del Tribunal Supremo, que ha desestimado, por haberse presentado de forma extemporánea [fuera de plazo], la demanda de revisión planteada por Mediaset contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que devino firme en 2019, que declaró a ITV titular de los derechos de propiedad intelectual del programa Pasapalabra, incluyendo El Rosco, y condenó a Mediaset a restituir a ITV las ganancias obtenidas por el uso del formato, por haber infringido dichos derechos.
Esto último es importante, pues los derechos de Pasapalabra y de El Rosco son dos diferentes e ITV y MC&F pelean por ser los dueños de los de esa icónica prueba.
Mediaset fue condenada en 2019 a restituir a ITV las ganancias obtenidas por el uso del formato y título de la obra Pasapalabra lo que resultó en una indemnización de cerca de 7 millones de euros.
Ahora, Mediaset quería recurrir aquella sentencia en base a la aparición de nuevos documentos que supuestamente implicarían que los derechos de El Rosco no son de ITV, sino de MC&F y que, por tanto, ITV no podía reclamárselos, como hizo, a Mediaset.
Mediaset basaba su demanda de revisión en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de noviembre de 2022, en un pleito entre la empresa holandesa MC&F y Atresmedia, que tras analizar una serie de documentos concluyó que la titular de los derechos de propiedad intelectual sobre El Rosco (el formato televisivo correspondiente a la última prueba del programa Pasapalabra) era MC&F y no ITV, que es a quien paga Atresmedia por la emisión del programa.
Así que Mediaset demandó para recuperar su dinero, pues habría pagado a ITV por unos derechos que no le pertenecían. Sin embargo el Supremo, de acuerdo con lo defendido por la Fiscalía y por ITV, razona que se ha incumplido por Mediaset el requisito de que la demanda se interponga dentro del plazo de caducidad de tres meses desde el día en que se descubrieron los documentos que se consideran decisivos para instar la revisión de una sentencia firme, de acuerdo con el artículo 512.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El alto tribunal explica que los documentos aportados por la parte demandada (ITV), concretamente el contenido de una carta de 31 de mayo de 2017 del abogado de Mediaset, ponen en evidencia que la demandante (Mediaset) tenía conocimiento previo desde, al menos tal fecha, de los documentos en los que funda la revisión.
Por otro lado, el Supremo recoge que la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona por el pleito entre MC&F y Atresmedia no es firme y está pendiente de la resolución de recursos extraordinarios por infracción procesal y casación ante el propio Supremo.
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